A pesar de que la ley obliga a resolver en un plazo máximo de cinco días hábiles las solicitudes de medidas urgentes en casos de violencia familiar, han transcurrido más de siete semanas sin resolución en el expediente 1396/2018, radicado en el Segundo Juzgado Familiar de Puebla capital, donde la jueza María Dolores López Guerrero Rubí no se ha pronunciado sobre la restitución de la guarda y custodia de una menor, quien es víctima directa de violencia vicaria y sustracción por parte de su padre, con quien sigue conviviendo pese a estar formalmente vinculado a proceso penal.
La madre de la niña promovió la restitución después de que el padre —actual custodio— fuera vinculado a proceso penal por los delitos de violencia vicaria y sustracción de menor, ambos en perjuicio directo de su hija. No obstante, el juzgado mantiene congelada la solicitud, dejando a la menor en manos de su agresor y a la madre en un estado de total indefensión jurídica.
“Al no haber un acuerdo, no puedo promover un amparo. Estoy atrapada. Y mientras tanto, mi hija sigue con el hombre que la ha violentado y que ya está formalmente vinculado a proceso”, denunció la madre. Su abogada ha solicitado información insistentemente, sin obtener respuesta clara, y hasta ahora se desconoce qué interés pueda tener la jueza en permitir que la niña continúe con su agresor.
La omisión contrasta gravemente con lo ocurrido anteriormente en el mismo expediente: cuando se presentó una falsa denuncia de abuso sexual contra la madre, bastó la simple carátula de la denuncia para que el juzgado actuara en menos de 24 horas, quitándole la custodia, imponiéndole una medida de “cero contacto” y entregando a la menor al padre, hoy formalmente acusado en un proceso penal.
“A mí me aplicaron todo en un día con una denuncia sin pruebas. Ahora que él tiene un proceso abierto por delitos graves contra mi hija, llevan siete semanas sin mover un solo papel”, agregó la madre.
Organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la infancia han exigido la intervención del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, así como de instancias nacionales de protección a la niñez, advirtiendo que la omisión de la jueza López Guerrero Rubí no solo viola el principio del interés superior del menor, sino que podría derivar en responsabilidad administrativa e incluso penal por omisión dolosa.