Guadalajara, Jal.— Regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunciaron presuntas irregularidades en el programa “Guardianes de Guadalajara” y exigieron a la administración de la alcaldesa Verónica Delgadillo un informe detallado sobre su operación y resultados.
Los ediles José María “Chema” Martínez y Juan Alberto Salinas Macías presentaron una iniciativa para que la Coordinación General de Combate a la Desigualdad transparente el destino de más de 30 millones de pesos asignados a este esquema, que —según acusan— se ha manejado con opacidad y posibles fines político-electorales.
De acuerdo con los regidores, el programa se promociona como una estrategia de activación comunitaria para personas en situación de vulnerabilidad, pero en la práctica funcionaría como un mecanismo disfrazado de contratación laboral, sin prestaciones ni seguridad social. Los llamados “guardianes” perciben 15 mil pesos mensuales durante 11 meses, pero carecen de claridad sobre sus funciones y condiciones de trabajo.
“Queremos saber quiénes son las personas incorporadas, qué programas están difundiendo y cuál es el impacto positivo que han tenido en la vida de los tapatíos. Necesitamos un informe con resultados reales”, declaró Salinas Macías.
La propuesta contempla que se entregue un informe técnico integral con metas alcanzadas, cobertura territorial, metodología, reportes de actividades y el padrón completo de beneficiarios, además de que esta información sea publicada en formato de datos abiertos.
Martínez subrayó que hasta ahora solo se ha publicado el padrón correspondiente a mayo, incumpliendo las reglas de operación que obligan a reportes trimestrales y evidencias de impacto social.
“Se trata de más de 30 millones de pesos de los tapatíos. No nos oponemos a apoyar a la gente que lo necesita, pero debe ser con transparencia, no como una estructura clientelar a favor de la presidenta municipal”, señaló.
Los ediles también denunciaron que las brigadas del programa han sido desplegadas en zonas como la colonia Moderna, donde no hay altos índices de marginación, previo a visitas de la alcaldesa, lo que reforzaría la hipótesis de un uso con fines propagandísticos.
El acuerdo incluye notificar a la Contraloría Ciudadana y al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción para que investiguen posibles irregularidades.
Los regidores aseguraron que su objetivo no es obstaculizar programas sociales, sino garantizar que cumplan su propósito original: apoyar a quienes más lo necesitan y no servir como herramienta de control político.