En 2019, el periodista J. Jesús Esquivel dio a conocer documentos clasificados del gobierno mexicano que, por primera vez, confirmaban algo que durante años se negó públicamente: la presencia operativa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio nacional con el aval directo del presidente Felipe Calderón.
La historia arranca el 22 de mayo de 2007, cuando México y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta que establecía un protocolo para intercambiar, en tiempo real, información sobre supuestos terroristas. Aunque en el papel se trataba de una medida contra amenazas internacionales, en la práctica significó que agentes estadounidenses podían realizar labores de inteligencia desde México.
Tres años después, el 10 de septiembre de 2010, en una reunión a puerta cerrada en Washington, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, suscribió el Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de Información de Inteligencia (ACII). El documento autorizaba la instalación del Centro Regional de Inteligencia y Operaciones (CRIO) en la Ciudad de México, administrado por el Cisen y la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, con la CIA como actor central.
De acuerdo con los archivos revelados, Calderón colocó al Cisen como enlace principal con las agencias estadounidenses, relegando a otras instituciones mexicanas a un papel secundario. También incorporó a la Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría General de la República como participantes del CRIO.
El ACII incluía límites formales —como prohibir que los agentes extranjeros portaran armas o ejercieran funciones reservadas a las autoridades mexicanas— pero al mismo tiempo contemplaba una cláusula de confidencialidad que blindaba la información obtenida para que no llegara ni a la opinión pública ni a otras instancias nacionales.
En esos años, el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, calificó la relación con la CIA de “excepcional” y pidió ampliarla más allá del combate al crimen organizado en México, incluyendo operaciones en Centroamérica y el Caribe.
La alianza se sustentó en la Iniciativa Mérida, firmada en 2008, que proporcionó recursos, entrenamiento y tecnología desde Estados Unidos. Con el argumento de la “corresponsabilidad” en la lucha antidrogas, agencias como la DEA, el FBI, el Pentágono y la propia CIA recibieron luz verde para operar en territorio mexicano.
Los documentos dejan claro que Calderón no solo aceptó la colaboración, sino que facilitó la instalación de un esquema binacional de espionaje que fortaleció la influencia de Washington sobre la estrategia de seguridad nacional. Una cooperación que oficialmente se presentó como una herramienta contra el terrorismo y el narcotráfico, pero que, en los hechos, abrió un margen de maniobra inédito para la CIA en México.
Fuente: Revista Proceso, edición 2229, 21 de julio de 2019. Investigación de J. Jesús Esquivel.
