La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, lanzó un señalamiento contundente en Mexicali: el sistema penal acusatorio en México “dejó en estado de indefensión a las víctimas”, privilegiando los derechos de los acusados y olvidando la obligación principal del Estado: resarcir el dolor de quienes sufrieron un delito.
El 15 de agosto de 2025, durante su visita a Baja California, Batres —conocida como la Ministra del Pueblo— advirtió que sin justicia para las víctimas no se puede hablar de un verdadero Estado de derecho. “Cuando las instituciones logren resarcir el dolor de las personas podremos decir que estamos cumpliendo como Estado”, sentenció .
Un Plan Nacional de Justicia
Batres adelantó que propondrá a la nueva integración de la Corte impulsar un Plan Nacional de Justicia, que coordine a los tres Poderes de la Unión, estados y municipios para enfrentar la inseguridad y colocar a las víctimas en el centro de la política pública.
Justicia indígena y derechos sociales
Más tarde, en un foro organizado por la Universidad de Estudios Avanzados, la ministra subrayó la importancia de mantener contacto directo con la sociedad y anunció que la SCJN deberá priorizar los derechos sociales en su labor jurisprudencial.
En una reunión con líderes sociales y agricultores convocada por la diputada federal Evangelina Moreno, Batres remarcó que la justicia social “no puede ser sólo un discurso bonito, sino una realidad asequible para todas y todos los mexicanos” .
Crítica al modelo acusatorio
El pronunciamiento de Batres apunta directamente al corazón del sistema de justicia penal instaurado en México hace más de una década, cuando el país migró al modelo acusatorio. Aunque se presentó como un avance en términos de transparencia y respeto a los derechos humanos, en la práctica ha sido duramente cuestionado por relegar a las víctimas a un papel secundario, sin garantías reales de reparación del daño ni acceso equitativo a la justicia.
En este sentido, las palabras de la ministra representan un giro en el discurso judicial: critican la comodidad de jueces y fiscales que, durante años, se escudaron en la protección de los derechos de los acusados mientras ignoraban la violencia, la revictimización y la desprotección sistemática de quienes sufrieron un delito. La exigencia de Batres abre la puerta a un debate profundo: ¿puede México sostener un sistema de justicia que protege más al acusado que a la víctima?