En su última sesión pública extraordinaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma judicial de Yucatán que extiende el periodo de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial más allá de lo permitido por la Constitución federal. La ministra Lenia Batres Guadarrama fue la única en votar en contra, al advertir que la medida vulnera directamente los límites constitucionales.
Crítica a la duración ampliada
La mayoría de las y los ministros sobreseyó las acciones de inconstitucionalidad 44/2025 y 45/2025, al considerar que los artículos transitorios de la reforma ya habían agotado sus efectos, pues regulaban un proceso electoral concluido. Dichas normas permiten que dos magistrados permanezcan en el cargo ocho años y tres hasta once, cuando la Constitución establece un máximo de seis.
Batres discrepó con esa interpretación: señaló que los transitorios no regulaban el proceso electoral, sino la duración del encargo, la cual apenas comenzará cuando los nuevos magistrados asuman funciones. Por ello, sostuvo, sus efectos siguen vigentes y debieron analizarse de fondo.
Presidencia sin voto popular
En otro punto, el pleno validó que la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán se designe por acuerdo interno y no mediante votación popular, a diferencia de lo que ocurre a nivel federal.
TEPJF: validez confirmada
Además, la Corte desechó por unanimidad cuatro juicios de inconformidad en materia electoral por falta de legitimación y emitió la Declaratoria de Validez de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Una voz crítica en el Pleno
Con su voto, Lenia Batres se consolidó como la única ministra que impugnó el aval de la Corte, argumentando que los cambios aprobados en Yucatán implican un retroceso en los principios constitucionales sobre la duración de los cargos judiciales y abren la puerta a distorsiones en la independencia del poder judicial local.