Tom Homan, figura clave en la política migratoria del expresidente Donald Trump, fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por presuntamente haber aceptado un soborno de 50 mil dólares en efectivo, revelaron fuentes cercanas al caso.
La pesquisa, que ya ha sido cerrada, se centró en un encuentro ocurrido en septiembre de 2024, durante el cual Homan habría recibido una bolsa con dinero de un agente encubierto del FBI. De acuerdo con las fuentes, en ese contexto, el exfuncionario se habría comprometido a facilitar contratos relacionados con inmigración a cambio del pago.
Investigadores dentro del Departamento de Justicia y el FBI consideraban que existían elementos suficientes para presentar cargos por conspiración para cometer soborno, especialmente por la existencia de una grabación del supuesto intercambio.
Archivan la investigación tras solicitarse un informe
Sin embargo, la investigación fue archivada recientemente por funcionarios designados por la administración de Trump, luego de que el entonces director del FBI, Kash Patel, solicitara un informe detallado sobre el estado del caso.
Reportes de MSNBC, que citan a múltiples fuentes vinculadas a la indagatoria, indican que los fiscales también evaluaban posibles cargos por fraude y corrupción. La acusación sugería que Homan podría haber prometido influir en la asignación de contratos gubernamentales en caso de que Trump regresara a la Casa Blanca.
Homan, señalado por empresarios
El origen del caso se remonta al verano de 2024, cuando surgieron denuncias en Texas que señalaban a Homan por solicitar pagos a empresarios interesados en contratos federales, condicionados al triunfo electoral de Trump. En ese entonces, Homan ya había sido identificado públicamente como uno de los posibles arquitectos de un nuevo programa de deportaciones masivas.
En respuesta a los informes periodísticos, la Casa Blanca y altos funcionarios del Departamento de Justicia desestimaron las acusaciones, calificándolas como infundadas y con motivaciones políticas. Una declaración conjunta, Kash Patel y el fiscal adjunto Todd Blanche, señala que el caso fue revisado exhaustivamente y no se encontraron fundamentos legales para proceder.
Aunque la investigación ya no está activa, el caso plantea interrogantes sobre los límites entre la política y la administración de justicia, especialmente en temas sensibles como la migración y el uso del poder público.
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