- México prepara una nueva Ley General de Aguas y reformas para frenar acaparamiento, corrupción y robo del recurso
En México, el agua dejará de ser vista como una simple mercancía. La propuesta de expedición de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan dar un giro histórico en la gestión de este recurso, colocándolo en el centro de los derechos humanos y la sustentabilidad, explicó este miércoles la presidenta de México durante la Mañanera del Pueblo.
De acuerdo con la iniciativa, la nueva Ley General de Aguas será reglamentaria de los artículos 4º y 27º constitucionales, garantizando el acceso suficiente, salubre y asequible al agua como derecho humano. Además, establecerá las competencias de los tres niveles de gobierno, la creación de planes y estrategias para el acceso equitativo y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua, particularmente en comunidades indígenas.
Pero los cambios más contundentes recaen en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. En ella se prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares, se eliminan los cambios de uso de concesión y se obliga a que toda prórroga pase por un análisis estricto de la autoridad del agua. Con estas medidas se busca evitar el acaparamiento y frenar prácticas que han convertido al vital líquido en objeto de especulación.
Un punto clave es la creación de un nuevo Registro Nacional del Agua, que dará certeza jurídica a los usuarios y permitirá mayor transparencia en el manejo de concesiones. Asimismo, se plantea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, destinado a reasignar el recurso con base en una planeación estratégica, priorizando el derecho humano al agua por encima de intereses privados.
Para combatir el mercado negro y el robo del agua, la reforma establece un catálogo de delitos hídricos con penas de uno a diez años de prisión y multas de hasta 4 mil días, aplicables a quienes extraigan, exploten o desvíen ilegalmente aguas nacionales, así como a actos de corrupción en concesiones.
Finalmente, se explicó que la propuesta impulsa la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazo, con medidas de eficiencia como la tecnificación del riego, la regulación de la captación de lluvia y la obligación de medir con precisión el uso del recurso.
Con estas reformas, México no sólo busca ordenar el uso del agua, sino también reafirmarla como un bien estratégico de la nación y un derecho humano inalienable, cerrando la puerta a su privatización y defendiendo su carácter público.
Foto: Presidencia