- El máximo tribunal respalda por unanimidad las reformas que protegen el agua y el medio ambiente frente a intereses privados
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un golpe de autoridad al negar por unanimidad los amparos promovidos por particulares y empresas contra las reformas a la Ley de Minería, con lo que ratificó la constitucionalidad de los cambios aprobados el 8 de mayo de 2023 y reafirmó que la explotación de los recursos naturales debe regirse por el interés público y ambiental del país.
Con esta decisión, el Pleno del máximo tribunal cerró el paso a los abusos que por décadas beneficiaron a corporaciones privadas, al validar las disposiciones que fortalecen la regulación sobre concesiones, uso del agua y protección ecológica en la actividad minera.
Determinan la Corte que los argumentos no tenían sustento
Los ministros respaldaron los proyectos de sentencia relativos a los amparos en revisión 422/2025 y 26/2025, promovidos por Miguel Antonio Delgadillo Acuña y la empresa Grupo Sla Mining, S. de R.L. de C.V., quienes alegaban supuestas violaciones a los principios de irretroactividad, certeza jurídica e igualdad.
Los juzgados de distrito y tribunales colegiados habían concedido inicialmente la protección a los quejosos, pero al reconocer que persistían cuestiones constitucionales inéditas, turnaron los casos a la Corte. Tras su análisis, las y los ministros determinaron que los argumentos carecían de sustento y revocaron las sentencias previas, negando definitivamente los amparos.
La resolución también ratifica el criterio adoptado el pasado 25 de septiembre, cuando la SCJN rechazó otros dos amparos similares, consolidando un precedente histórico: las leyes que regulan la minería, el uso del agua y la gestión de residuos no violan derechos, sino que garantizan el equilibrio ecológico, la seguridad ambiental y la soberanía nacional sobre los bienes del subsuelo.
Este fallo unánime marca un punto de inflexión en la justicia ambiental mexicana, al confirmar que la riqueza del país no puede seguir concentrada en manos de unos cuantos, sino que debe administrarse bajo los principios de sustentabilidad, justicia social y protección de la vida.
Fotos: SCJN