- El colectivo Luz de Esperanza califica como una grave violación a derechos humanos el manejo de al menos 151 cadáveres donados a universidades sin haber sido identificados
El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció públicamente el manejo irregular de al menos 151 cuerpos no identificados bajo custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), los cuales habrían sido entregados a diversas universidades entre los años 2015 y 2018, sin haberse agotado los procesos de identificación ni solicitar su devolución para una posible restitución a sus familiares.
La organización calificó esta situación como una grave violación a los derechos humanos, y expresó su postura “con rabia, dolor e indignación”, cuestionando si las autoridades forenses y ministeriales realizaron todas las diligencias necesarias para identificar los cuerpos, como lo establece su obligación legal.
El esfuerzo incansable de las familias buscadoras
La denuncia surgió tras una investigación periodística publicada por el diario local NTR, que dio a conocer que esta práctica se mantuvo fuera del conocimiento público durante varios años.
En un comunicado, el colectivo señaló que estos hechos ocurrieron en un contexto de crisis forense a nivel nacional, en el que las labores de búsqueda e identificación han recaído históricamente en el “esfuerzo incansable de las familias buscadoras”.
Luz de Esperanza calificó como “profundamente alarmante y revictimizante” la entrega de cuerpos sin haber cumplido con el deber de identificación, y señaló que esta omisión abre la posibilidad de que algunos de esos cadáveres correspondan a personas desaparecidas cuyos familiares aún los buscan.
¿Quien protegía los derechos de las personas fallecidas?
El colectivo subrayó también que el Estado tenía la obligación de garantizar procesos claros y diligentes de identificación, así como de proteger los derechos de las personas fallecidas.
Además, mencionaron que esta práctica podría haber violado el artículo 346 de la Ley General de Salud, el cual establece que los cuerpos “no pueden ser objeto de propiedad” y deben ser “tratados con respeto, dignidad y consideración”.
Por ello, exigieron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, así como la suspensión inmediata del personal involucrado mientras se realizan las indagatorias.
Con Información de La Jornada
Foto: Colectivo Luz de Esperanza / IJCF