- Trump endurece su retórica contra líderes demócratas y acusa a autoridades de Illinois de obstruir operativos migratorios, mientras crece el debate sobre el uso de tropas federales y la posible invocación de la Ley de Insurrección
El expresidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra líderes demócratas al exigir el encarcelamiento del gobernador de Illinois, JB Pritzker, y del alcalde de Chicago, Brandon Johnson. La declaración se da en el contexto de un creciente enfrentamiento entre autoridades federales y gobiernos locales demócratas por el despliegue de fuerzas federales en ciudades clave.
A través de su red social, Trump escribió: “¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por fracasar en proteger a oficiales de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)! ¡También el gobernador Pritzker!”, señalando su descontento por la negativa de ambas autoridades a colaborar con operativos migratorios impulsados por su administración.
El alcalde Brandon Johnson, quien recientemente firmó una orden ejecutiva que prohíbe a agentes federales usar propiedades e instalaciones municipales para operativos antimigrantes, respondió directamente: “No es la primera vez que Trump ha intentado arrestar injustamente a un hombre negro; no me muevo”.
Por su parte, el gobernador JB Pritzker, también demócrata, quien ha criticado en reiteradas ocasiones el envío de tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Chicago, replicó: “El mandatario ahora está llamando por el arresto de representantes electos que están limitando su poder. ¿Qué más falta en el camino a un autoritarismo pleno?”.
Confrontación por seguridad y migración
El conflicto entre la Casa Blanca y las autoridades locales de Chicago se suma a una narrativa que Trump ha venido reforzando en diversas ciudades. Esta semana, el expresidente volvió a señalar a Portland, Oregon, como un ejemplo de “colapso urbano” por el supuesto dominio del grupo Antifa, al que responsabiliza por actos de violencia.
Durante una reunión en la Casa Blanca para tratar el tema, el periodista Julio Rojas, del sitio conservador The Blaze, intervino asegurando: “No se trata sólo de eso. Antifa está paseando por las calles de Portland, realizando pintas de las siglas CJNG”, explicando al presidente que se trata de un cártel de drogas mexicano.
En una posterior declaración oficial, la Casa Blanca afirmó: “El fuego infernal encabezado por Antifa ha convertido a Portland en un páramo de bombas incendiarias, golpizas y ataques frontales contra oficiales federales y propiedades gubernamentales –aun así, las fake news permanecen vergonzosamente negando el reino de terror de la izquierda radical”.
Sin embargo, el término “Antifa” no corresponde a una organización formal con estructura jerárquica, y su uso ha sido criticado por analistas que señalan que engloba una amplia gama de personas con ideología antifascista. Algunos comentaristas han subrayado que el concepto es tan amplio que podría incluir incluso a soldados estadounidenses que combatieron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Pese a ello, el gobierno de Trump insiste en señalar a Antifa como una fuerza desestabilizadora en varias ciudades.
Tensiones legales y militares
La administración de Trump ha desplegado tropas federales de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Washington, y ha mencionado que podrían seguir otras urbes, incluyendo Chicago y Portland, bajo el argumento de “frenar el crimen”, al que vincula con la inmigración irregular. Sin embargo, las acciones federales han enfrentado frenos judiciales.
Una jueza federal ha bloqueado el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, mientras otro juez negó detenerlo en Chicago. Además, en esta última ciudad, un tribunal federal ordenó a los agentes de ICE presentar evidencia concreta antes de realizar arrestos a personas migrantes, limitando su capacidad operativa.
Frente a estos límites judiciales, Trump y sus asesores han planteado la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, un recurso legal del siglo XIX que permite al presidente utilizar las fuerzas armadas para controlar disturbios internos sin requerir el consentimiento de autoridades locales. La última vez que esta ley fue aplicada ocurrió durante los disturbios en Los Ángeles en 1992.
La Constitución estadounidense prohíbe a las fuerzas militares realizar funciones de seguridad pública dentro del país, pero esa ley contempla excepciones que actualmente se debaten entre expertos constitucionalistas.
Opinión pública dividida
De acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos, un 58 por ciento de los estadounidenses respalda el envío de tropas a las ciudades en caso de amenaza externa. Sin embargo, otro sondeo realizado por The New York Times y Siena University revela que el 53 por ciento de los votantes considera que el proceso de deportación “no ha sido justo”, y la mayoría desaprueba la política migratoria de la actual administración.
Las declaraciones de Trump, así como sus propuestas de seguridad y control migratorio, siguen alimentando un clima de polarización política mientras se aproxima la temporada electoral.
Con Información de La Jornada
Foto: G. I.