- La minuta se envió a la Cámara de Diputados con 21 cambios a 15 artículos, y un artículo transitorio. El nuevo marco eleva las penas y pueden alcanzar 42 años cuando el delito se cometa desde el interior de los penales
México; 20 de noviembre 2025.— El Senado de la República avanzó en la construcción de un esquema integral para frenar la extorsión al aprobar, con 110 votos a favor y ninguno en contra, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que establece un tipo penal homogéneo y nuevas reglas para impedir el uso de dispositivos electrónicos dentro de los reclusorios. La minuta, modificada con 21 ajustes a 15 artículos y la inclusión de un artículo transitorio, regresará a la Cámara de Diputados para su última revisión.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, subrayó la gravedad del delito y el objetivo central de la reforma. “La extorsión no solamente afecta el patrimonio, despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”, afirmó ante el pleno.
Extorsión: tercer delito de mayor incidencia
En paralelo, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que las modificaciones fortalecen el alcance de la ley al cerrar espacios de impunidad. “No hay duda hoy que se consolida un mejor instrumento al servicio del pueblo mexicano, para cerrarle todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito”, sostuvo. Recordó que la extorsión es el tercer delito de mayor incidencia en el país, cuyos efectos pueden ser “morales, físicos o psicológicos”.
Corral advirtió que este ilícito “impregna de desánimo a la sociedad y genera enorme impotencia y frustración a las víctimas directas cuando no se castiga ejemplarmente o lo que es peor, cuando queda impune y además se conoce de complicidades u omisiones en el actuar de la autoridad”, especialmente si hay omisiones o complicidades de autoridades.
Se rediseñan los controles penitenciarios
Una parte esencial del nuevo marco reside en el rediseño de los controles penitenciarios para frenar las operaciones criminales que parten desde esos centros. “Se generan los mecanismos e instrumentos legales para bloquear comunicaciones ilícitas, prohibir el acceso a dispositivos electrónicos y asegurar que los penales sean espacios de control y de readaptación social, no de operación criminal”, recalcó Corral.
Los centros de readaptación social dispondrán de seis meses tras la promulgación de la ley para implementar tecnologías de inhibición de llamadas y transmisiones de voz, datos e imagen. La posesión de celulares u otros dispositivos por parte de personas privadas de la libertad será castigada con 6 a 12 años de prisión, pena que también aplicará a funcionarios que faciliten su ingreso.
La legislación eleva además la penalidad por extorsión: el rango máximo pasa de 15 a 25 años de prisión, con agravantes que pueden alcanzar 42 años cuando el delito se cometa desde el interior de los penales.
Para el senador Inzunza, la reforma permite “combatir eficazmente el delito de extorsión en todo el territorio nacional” mediante una definición integral del tipo penal. Añadió que la ley exige contar con personal especializado —policías, analistas y ministerios públicos— “capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión”.
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