- Las penas por extorsión se elevarán a un mínimo de 15 y hasta 25 años de prisión, pudiendo llegar a 42 años. Funcionarios, policías y custodios que no denuncien el delito enfrentarán entre 10 y 20 años de cárcel
México; 25 de noviembre 2025.— La Cámara de Diputados aprobó sin cambios, las modificaciones que el Senado realizó a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, confirmando así el endurecimiento histórico en las penas contra este delito. Tras la votación, el proyecto fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
A través de la ley que reglamenta las reformas al Artículo 73 Constitucional relacionadas a las atribuciones del Congreso, pretenden los legisladores revertir el aumento de las extorsiones en el país, un delito que, por su impacto y alcance, ya forma parte del catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La ley contempla 43 agravantes bajo las cuales las sentencias podrían alcanzar hasta 42 años de cárcel.
Penas más severas: del debate a la corrección
Uno de los ajustes centrales realizados por el Senado, y ratificados por los diputados, fue elevar la pena del tipo penal básico de extorsión a un rango de 15 a 25 años de prisión, muy por encima de la propuesta original aprobada en San Lázaro en octubre, que contemplaba de 6 a 15 años.
Asimismo, se incrementaron las sanciones —de 10 a 20 años, más agravantes— para policías, custodios y funcionarios penitenciarios que tengan conocimiento del delito y no lo denuncien. La Cámara baja previamente había reducido esa pena a un rango menor de 5 a 12 años.
Durante el debate, legisladores del PAN y del PRI insistieron en que la redacción originalmente aprobada por Morena ponía en riesgo procesos en curso, pues al establecer penas más bajas que las vigentes en algunos estados podría facilitar la liberación de personas ya sentenciadas.
“Se cumplió la advertencia. Se los dijimos una, dos y mil veces”, declaró el panista Marcelo Torres Cofiño, quien acusó al bloque oficialista de desestimar los señalamientos técnicos que finalmente el Senado terminó corrigiendo. Incluso calificó la iniciativa original como “una pifia monumental”.
Monreal llama a la mesura en el debate
En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reprochó lo que consideró expresiones soberbias de la oposición. Recordó que en un sistema bicameral es normal que una cámara revise y modifique el trabajo de la otra, y que ese proceso no debería interpretarse como un error político.
“Me parece no sólo odioso, sino una falta de tacto”, señaló el legislador, quien defendió el funcionamiento del Congreso como un órgano de dos cámaras con atribuciones complementarias. Monreal reiteró su postura garantista y cuestionó que el aumento de penas, por sí sólo, pueda resolver la crisis de inseguridad del país. No obstante, sostuvo que asume plenamente la responsabilidad del dictamen aprobado. “Soy garantista —reiteró— y a pesar de votar esta reforma, sigo siendo garantista”.
Lo que sigue
Con el aval definitivo del Congreso, la Ley Antiextorsión queda en manos del Ejecutivo federal para su publicación, siendo a partir de entonces que entrará en vigor en todo el país, modificando el marco penal de uno de los delitos que más aquejan a ciudadanos, comercios y autoridades.
La expectativa ahora es que las nuevas disposiciones fortalezcan la capacidad del Estado para enfrentar este delito, al tiempo que se mantiene el debate sobre la eficacia real del endurecimiento de penas como estrategia de seguridad.
Fotos: Congreso de la Unión