- La negativa de afiliación a la bibliotecaria Nélida López Garibay expone prácticas hostiles, voto sin argumentos y posibles actos de violencia de género dentro del sindicato
- Arbitrariedad sindical en el IEMS: el caso Nélida López Garibay destapa prácticas excluyentes y violencia de género
Por la Redacción
La reciente negativa del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) para afiliar a la bibliotecaria Nélida Gabriela López Garibay, trabajadora de base con 23 años de servicio, ha abierto un debate urgente sobre la discriminación, la opacidad y las prácticas excluyentes dentro de dicho gremio. Lo que debió ser un proceso administrativo ordinario terminó exhibiendo arbitrariedad, hostilidad y posibles actos de violencia de género.
Una afiliación negada en medio de burlas, interrupciones y descalificaciones
El pasado 14 de noviembre de 2025, López Garibay acudió nuevamente a solicitar su afiliación, derecho garantizado por la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales firmados por México. Aunque su ingreso cumplía con todos los requisitos, la asamblea sindical estuvo marcada por interrupciones constantes, risas sardónicas, descalificaciones personales y un ambiente hostil hacia la trabajadora.
Lejos de analizar su solicitud desde un marco jurídico o estatutario, varios asistentes impulsaron una votación inmediata para rechazarla, negándose a presentar argumentos formales que justificaran su postura.
Una negativa que arrastra antecedentes y posibles sesgos de género
Esta no es la primera vez que López Garibay enfrenta obstáculos. En 2024, su solicitud también había sido rechazada sin motivación. Entonces, un miembro del sindicato le insinuó que su militancia pasada en el SITIEMS “incomodaba” a ciertos profesores. Aun así, trabajadores hombres que solicitaron afiliarse junto con ella ese mismo año sí fueron aceptados.
El contraste alimenta la hipótesis de que existe un sesgo de género en su contra. Este año, la hostilidad de la asamblea incluyó tratos despectivos, risas irónicas y comentarios que, según la bibliotecaria, constituyen violencia simbólica y violencia de género.
Un proceso viciado y sin fundamento jurídico
El representante sindical Orlando Martínez Canabal tampoco contribuyó a garantizar un proceso transparente. Minimizar las quejas como “chismes” y permitir una votación sin fundamentación ni motivación dejó en evidencia un manejo discrecional del procedimiento.
La llamada votación “segura” —10 votos contra 9— se realizó sin:
• argumentación jurídica,
• revisión de estatutos,
• motivación formal,
• respeto pleno al derecho de audiencia.
De acuerdo con especialistas en derecho laboral consultados, un procedimiento con esas características sería inválido desde cualquier enfoque legal.
Lo que dice la ley —y lo que se ignoró
La Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los convenios de la OIT establecen que los sindicatos no pueden negar la afiliación con base en criterios subjetivos ni por diferencias políticas, personales o históricas. La Suprema Corte también ha sostenido que la autonomía sindical no puede interpretarse como permiso para discriminar.
En este caso, la falta de razón jurídica y la presencia de elementos de violencia de género evidencian una violación directa a esos principios.
Una trabajadora revictimizada en su espacio laboral
López Garibay afirmó sentirse revictimizada durante la sesión, no solamente por el resultado, sino por la violencia simbólica ejercida en su contra. Asegura que quienes deberían defender la unidad y los derechos de los trabajadores terminaron replicando prácticas autoritarias y excluyentes.
Este episodio vuelve a cuestionar qué ocurre cuando las estructuras sindicales reproducen las mismas lógicas de abuso que históricamente denunciaron.
Un llamado a revisar las prácticas sindicales
En un momento en que la Cuarta Transformación promueve la democratización sindical, la transparencia y la equidad de género, el caso de López Garibay revela que algunos sindicatos aún mantienen dinámicas opacas y excluyentes.
El precedente es grave: puede inhibir a otras mujeres trabajadoras de ejercer su derecho a participar plenamente en la vida gremial.
La mirada de un medio independiente
El medio Puntos Suspensivos ha dado seguimiento puntual al caso desde que la bibliotecaria denunció públicamente las irregularidades. El portal ha señalado que este episodio no sólo exhibe un acto de arbitrariedad sindical, sino un patrón más amplio de prácticas excluyentes que contradicen los principios democráticos que el SUTIEMS afirma representar.
De acuerdo con su cobertura, el caso está generando preocupación entre trabajadores del IEMS que temen que la discrecionalidad y la falta de transparencia puedan afectar futuras decisiones de ingreso, representación y vida sindical.
Un precedente que exige vigilancia y justicia
El caso de Nélida López Garibay no es menor ni anecdótico: abre un necesario debate sobre cómo funcionan realmente los sindicatos públicos cuando se enfrentan a la pluralidad, a las diferencias políticas y, sobre todo, a las mujeres que reclaman derechos.
La democratización sindical no puede ser un discurso vacío: debe traducirse en procedimientos claros, transparentes y libres de violencia.
El desenlace de este caso marcará un precedente para el IEMS y para la vida sindical en la Ciudad de México.