- Cabe destacar que el caso no derivó en daños para el erario: “es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo”, dijo en agosto la presidenta Sheinbaum ya que el intento de soborno se detectó a tiempo
Washington, D.C.; 7 de diciembre 2025.— Un jurado federal en Estados Unidos determinó que el empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez operó un esquema de sobornos para conseguir contratos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) entre 2019 y 2021. El veredicto, emitido el 5 de diciembre, forma parte de una investigación del Departamento de Justicia que rastrea corrupción transnacional.
En el juicio se señaló que, Rovirosa, residente legal en Texas, canalizó más de 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo a tres funcionarios de PEMEX y su filial PEP. Según documentos del caso, esos pagos buscaban agilizar trámites, asegurar contratos y abrir espacio a empresas vinculadas con él. El jurado lo declaró culpable de conspiración para violar la legislación estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero, así como de dos cargos adicionales de soborno, lo que podría derivar en una pena de hasta 15 años de prisión.
En complicidad
Datos presentados ante el tribunal señalan que el empresario actuó junto con otros implicados, incluido Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, señalado como prófugo. Con la intervención de los funcionarios sobornados, las compañías relacionadas con Rovirosa obtuvieron contratos superiores a 2.5 millones de dólares.
La normativa vulnerada, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), prohíbe que personas o empresas sujetas a jurisdicción estadounidense entreguen sobornos a servidores públicos extranjeros con el fin de asegurar negocios. No se limita a ciudadanos de Estados Unidos: también incluye a residentes permanentes, compañías que operan desde ese país y personas que utilicen su sistema financiero para ejecutar esquemas ilícitos.
El esquema de soborno
Autoridades del Departamento de Justicia señalaron que Rovirosa “organizó un esquema de sobornos para favorecerse a sí mismo y a sus empresas” afectando la competencia justa. El FBI sostuvo que su conducta quebrantó leyes diseñadas para proteger la integridad del sistema económico, y subrayó que el caso demuestra que ni la residencia en Estados Unidos ni el nivel de ingresos eximen de responsabilidad.
La investigación ha sido presentada como un recordatorio para quienes administran negocios desde territorio estadounidense: la importancia de verificar contratos, evitar intermediarios opacos y asegurar que cada operación cumpla estrictamente con la legislación, en especial cuando involucra instituciones públicas de otros países.
En conferencia realizada en el mes de agosto del presente año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que se detectó a tiempo y los contratos no se llevaron a cabo, pese al intento de soborno: “es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo, es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo”, afirmó.
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