- Por el cobro de una pensión posmortem, que habría provocado un daño patrimonial de 31 millones de pesos a Pemex. La audiencia inicial será este 16 de diciembre
México; 12 de diciembre 2025. La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de ‘Mexicanos contra la Corrupción’, para que enfrente un proceso penal “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, relacionado con la obtención de una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento por presunto suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.
Los hechos se remontan al 7 de octubre de 2004, fecha en la que Márquez Padilla murió. En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, detalló que el funcionario ingresó a la empresa el 1 de junio de 2004 como Coordinador Ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, durante el sexenio de Vicente Fox, y que su permanencia en el cargo fue de 129 días.
Presunto suicidio que no consta en las diversas documentales
Durante una conferencia matutina celebrada ese mismo mes, se indicó que Márquez Padilla perdió la vida tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. Aunque los peritajes correspondientes concluyeron que se trató de un suicidio, se precisó que en los documentos difundidos no se asentó expresamente esa conclusión.
La información oficial también dio cuenta de que el 19 de octubre de 2004 se gestionó ante el área correspondiente el pago de la pensión posmortem para los beneficiarios, con efectos retroactivos al 8 de octubre, un día después del deceso.
Romero Oropeza sostuvo que, derivado de ese trámite, Casar habría causado un daño patrimonial a la paraestatal por 31 millones de pesos, al recibir una pensión mensual de 125 mil pesos.
Fiscalía de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial
Constancias del Poder Judicial de la Federación (PJF) refieren que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó la audiencia inicial contra María Amparo Casar Pérez y dos personas más, a quienes busca imputarles “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de cometido los hechos”.
El Código Penal Federal establece que este delito puede atribuirse tanto a servidores públicos como a particulares. En el caso de funcionarios, se configura cuando se “otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico” de manera ilícita. Para ciudadanos, la norma contempla a “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior, o sea parte en las mismas”.
La legislación prevé que “al que cometa el delito (…) se le impondrán de seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa”.
De acuerdo con los registros judiciales, la audiencia inicial está programada para el 16 de diciembre. En esa diligencia se darán a conocer los resultados de la investigación y las conductas que la FGR atribuye a los tres señalados como responsables de la comisión del ilícito. Al no tratarse de un delito considerado grave, en caso de que se dicte la vinculación a proceso, los imputados podrían enfrentar el juicio en libertad condicional.
Cabe recordar que Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024. Ante esa decisión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo, y el juzgado sexto de distrito en materia de trabajo ordenó a la empresa productiva del Estado restituir el pago.
Foto: Cortesía