- La nueva legislación contempla penas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias para quienes participen en actos de piratería, bloqueos o incautaciones ilícitas contra Venezuela
Caracas, Venezuela; 23 de diciembre 2025.— Con el respaldo del Parlamento, Venezuela aprobó este martes la “Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, una normativa orientada a proteger las operaciones comerciales del país en aguas internacionales.
La nueva legislación surge como respuesta a las acciones de “robo” y “asalto” de los bienes de los venezolanos, luego de que el Gobierno de Estados Unidos dirigido por Donald Trump tomara por la fuerza dos embarcaciones petroleras venezolanas en el mar Caribe.
Libertad de navegación y comercio protegido
Tras dos días de sesiones extraordinarias, los legisladores acordaron que la nueva normativa central de la ley garantiza la libertad de navegación y comercio de mercancías protegidas por tratados internacionales ratificados por Venezuela, así como castiga y pena con prisión a quienes promuevan actos de piratería contra la República.
Impulsada por el presidente Nicolás Maduro bajo el carácter de debate urgente, la normativa guarda similitudes con la ley contra el bloqueo aprobada en el año 2020, instrumento que, de acuerdo con el Gobierno bolivariano, ha contribuido a obtener resultados positivos en la economía a través de un modelo que reduce la dependencia petrolera.
Normativas vigentes y antecedentes
Entre los tratados existentes para garantizar el comercio internacional y la libertad de navegación, se encuentran la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 1958, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988 y la Carta de las Naciones Unidas.
La nueva normativa define como actos de piratería los asaltos, robos, violencia e incautaciones ilícitas cometidas en altamar, además de incluir actos de asedio, acciones de intimidación, amenazas a la seguridad de la navegación y la apropiación de buques y sus cargas, mediante el terror y el uso de la fuerza armada.
En este contexto, la ley establece penas de prisión de entre 15 y 20 años para quienes promuevan, instiguen, soliciten, favorezcan, faciliten, financien o participen en actos de piratería, bloqueos u otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con Venezuela y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras; quienes además serán multados con montos equivalente de 100 mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central (BCV).
Venezuela se dirige al Consejo de Seguridad de la ONU
Ante este panorama, el Gobierno venezolano anunció que acudirá este martes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar lo que considera agresiones militares de Estados Unidos y una violación al derecho internacional.
En el ámbito internacional, Rusia ha reiterado su respaldo a Venezuela. El presidente Vladímir Putin expresó en una conversación telefónica con Nicolás Maduro su “solidaridad con el pueblo venezolano” y “reafirmó su apoyo al curso del Gobierno” de Maduro, “orientado a defender los intereses nacionales y la soberanía en condiciones de creciente presión externa”.
De forma paralela, Maduro envió una carta a los Estados miembros de la ONU en la que alertó sobre una “escalada de acciones de extrema gravedad por parte del Gobierno de EE.UU.” y advirtió que estas operaciones amenazan con desestabilización la región del Caribe y en conjunto al sistema internacional petrolero.
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