- Las entidades financieras estarán obligadas a rendir cuentas acerca de las quejas de sus despachos de cobranza.
Ciudad de México; 16 de enero.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado en el que se indica la validación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) pueda sancionar a las entidades financieras que no reporten información de los despachos de cobranza que contraten.
El pasado 15 de enero, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto de sentencia de amparo en revisión 323/2025, mismo que confirma la constitucionalidad de las normas que regulan la obligación a los bancos de reportar los despachos de cobranza externa y la consecuencia de su inobservancia.
Derivado de la imposición de dos multas administrativas impuestas a un banco por no rendir cuentas acerca del despacho de cobranza contratado, dicho banco objetó las sanciones debido a la inconstitucionalidad de la ley aplicable, por lo tanto, se ha esclarecido que las entidades financieras que cuenten con despacho de cobranza, están obligadas a rendir informes periódicos de quejas mediante el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO).
Asimismo, la CONDUSEF contará con 180 días para emitir, así como notificar su resolución ante dichos informes y las posibles sanciones que se puedan imponer.
Finalmente, en el comunicado se indica que dicha validación de la ley en cuestión, es para prevalecer la protección de los derechos de las personas usuarias del sistema financiero.
Los motivos
Actualmente existen múltiples entidades financieras las cuales contratan despachos de cobranza para hacer las labores de cobro cuando un usuario presenta un atraso, por esta razón, dichos despachos ciertas veces no se encuentran registrados, así como también recurren al acoso hacía los usuarios, amenazas por la falta de pago de los mismos e incluso, son despachos inexistentes que se cometen fraudes al realizar el cobro, pero, sin liquidar el adeudo.
Por estas razones, se han generado múltiples quejas por parte de los usuarios ante las instituciones financieras que regulan estas practicas, algunas son procedentes, mientras que otras no.
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