- Las unidades oscilan entre 1.07 y 1.77 millones de pesos. El máximo tribunal aseguró que mantiene su compromiso con la austeridad y el uso eficiente de recursos
México; 25 de enero 2026.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este domingo que las ministras y los ministros del Máximo Tribunal decidieron no utilizar los vehículos recientemente adquiridos como parte del proceso de renovación del parque vehicular, y solicitarán que se inicie el procedimiento correspondiente para su devolución o, en su caso, para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, “siempre con apego a la normatividad aplicable”.
En un posicionamiento difundido en sus redes sociales oficiales, la Corte señaló que esta determinación forma parte de su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, subrayó el alto tribunal.
Asimismo, se informó que con el propósito de precisar la información relacionada con este tema, este lunes 26 de enero se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las unidades Jeep Cherokee
La postura se da luego de que el propio órgano judicial había informado previamente sobre la renovación de su parque vehicular, que contemplaba la asignación de una camioneta Jeep Cherokee nueva para cada ministro y ministra. De acuerdo con la información difundida, el precio de estos vehículos en el mercado mexicano oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos, además de posibles adecuaciones adicionales, como blindaje.
En su momento, la SCJN argumentó que tomo la medida por razones de seguridad, al tratarse de unidades modelos 2019 y 2020. Señaló que la sustitución de estos vehículos forma parte de un proceso más amplio de renovación de la flotilla institucional, aunque no se precisó el número total de unidades contempladas.
Con el anuncio de la renuncia al uso de los vehículos, la Corte abre la posibilidad de reasignarlos a personal jurisdiccional con mayores condiciones de riesgo o, en su caso, proceder a su devolución conforme a los lineamientos administrativos vigentes.
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