- La FGR también lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsiones a empresarios y productores de tequila; un juez dictó prisión preventiva
México; 7 de febrero 2026.— Luego de que un juez de control del penal federal del Altiplano dictara prisión preventiva justificada contra Diego Rivera, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, detenido el jueves por fuerzas federales por presuntos vínculos con el crimen organizado, será hasta el martes cuando se defina si será vinculado a proceso.
Durante la audiencia de imputación realizada el viernes 6 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y secuestro agravado, al señalar que manejó dinero obtenido de extorsiones a empresarios y productores de tequila.
Secuestros por una candidatura
También se les imputa delincuencia organizada a Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro del municipio.
De acuerdo con la investigación, los tres habrían participado en el secuestro ocurrido el 24 de marzo de 2021 en el restaurante local La Posta, donde fueron privados de la libertad los entonces precandidatos Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez para obligarlos a renunciar a la postulación. El objetivo era impulsar la candidatura de Toribio Villarreal, presuntamente afín a Rivera y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Señalan complicidad de notario jalisciense
Según el expediente, las víctimas fueron obligadas a firmar su renuncia, acto que habría sido atestiguado por un notario de Jalisco que trabajaba bajo órdenes del CJNG.
En cuanto al delito de secuestro agravado, únicamente se le imputa a Diego Rivera y a Juan Manuel Pérez Sosa por presuntamente ordenar la privación de la libertad de dos comerciantes de Tequila que se negaron a pagar extorsiones para poder seguir comercializando sus mercancía.
Previo a concluir la andiencia inicial, el expresidente municipal se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso, así como la de sus funcionarios detenidos se definirá el próximo martes.
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