Aprobada en comisiones, la iniciativa de reforma reduce las pensiones que actualmente alcanzan hasta un millón de pesos mensuales en organismos como Pemex, CFE y otras entidades públicas
México; 10 de marzo 2026.— Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las pensiones millonarias de exfuncionarios de organismos públicos, empresas del Estado y banca de desarrollo, medida con la que se estima un ahorro anual de 5 mil millones de pesos.
El dictamen, que modifica el artículo 127 de la Constitución, fue avalado con 32 votos y será discutido este miércoles en el pleno del Senado. La propuesta establece que jubilaciones que actualmente alcanzan hasta un millón de pesos mensuales —o montos de 900 mil y 500 mil pesos— se ajusten a alrededor de 70 mil pesos, equivalente a la mitad del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.
Si bien los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron la iniciativa, los legisladores criticaron que no se incluyera en la reducción de pensiones a las fuerzas armadas y al poder judicial.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que votarían a favor de “eliminar esas pensiones escandalosas”, aunque pidió modificar el mecanismo para fijar los montos y evitar que el monto de las pensiones en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera, en fideicomisos y demás entes públicos dependan del monto que gana la presidenta o presidente de la República; argumentó la previsión de que otro presidente de México baje aún más su salario.
Unos cuantos pesos: 5 mil millones anuales
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano criticó lo que considera efectos retroactivos de la reforma en perjuicio de las personas; indició que las pensiones provienen de contratos previamente establecidos “que ahora el gobierno se rehúsa a cumplir”, añadiendo que a esas personas “se les ha exhibido, con nombre en la mañanera, sin que se compruebe que las jubilaciones millonarias se obtuvieron de forma fraudulenta o ilícita”.
Minimizó los montos y agregó que “por unos cuantos pesos se está poniendo en riesgo el principio de legalida”; en su argumento dejó entrever que el ahorro de 5 mil millones de pesos anuales equivale a sólo 16 días de pérdidas operativas de Pemex, por lo que el riesgo jurídico supera el beneficio económico que se obtendría.
Inaceptable diferencia con las pensiones promedio
En defensa del dictamen, el senador de Morena Pável Jarero subrayó inaceptable diferencia entre las pensiones millonarias y las que percibe la mayoría de los mexicanos. Recordó que millones de trabajadores reciben en promedio alrededor de 7 mil pesos de pensión, mientras algunos exfuncionarios han cobrado jubilaciones millonarias con recursos públicos.
“Hoy le estamos regresando a los trabajadores lo que el prianismo robó durante décadas de malos gobiernos”; sostuvo que en muchas de esas “jubilaciones doradas están muchos técnicos que les hicieron la tarea esos malos gobiernos del viejo sistema tradicional, con lo que saquearon al país y los ayudaron a enriquecer sus carteras”.
El dictamen también se apega a lo estipulado por la presidenta Sheinbaum en cuanto a que aplica la retroactividad y que la reducción de estas pensiones es constitucional al tratarse de recursos públicos, y advierte que mantenerlas podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en instituciones como Pemex, CFE, Banco de México, Nacional Financiera y otras entidades del sector público.
Retroactividad coherente con precedentes constitucionales
Se informó que iniciativa no sólo se sustenta en el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 134 de la Carta Magna sobre la administración de los recursos públicos sino que también es coherente con una larga línea de precedentes constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, al establecerse en jurisprudencia que las reformas a la Constitución “pueden válidamente operar sobre actos o hechos ocurridos en el pasado, sin que transgreda el principio de retroactividad de la ley”.
La discusión final se realizará este miércoles en el pleno del Senado, donde se prevé un debate más amplio antes de su eventual aprobación.
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