Entre las principales medidas, se plantean topes presupuestales y reducción de estructuras en gobiernos locales, así como límites salariales en órganos electorales
México; 17 de marzo 2026.— En respuesta al rechazo legislativo de la reforma constitucional electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a detalle el “Plan B” que enviará al Senado este martes, una propuesta de cambios legales orientada a reducir costos, limitar privilegios y fortalecer la participación ciudadana.
El proyecto contempla ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de generar ahorros y reforzar mecanismos de control en el uso de recursos públicos: “ese es en esencia el ‘Plan B’. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se debe destinar tantos recursos a los partidos”, sostuvo la mandataria.
Medidas de ahorro para redireccionar recursos
Entre las principales medidas, se plantean topes presupuestales y reducción de estructuras en gobiernos locales, así como límites salariales en órganos electorales. Además, se propone disminuir en 15 por ciento el gasto del Senado y establecer reglas más estrictas para el uso de recursos públicos.
Principales puntos del “Plan B”:
- Tope de 0.70% del presupuesto estatal para congresos locales.
- Reducción del número de regidores, con un máximo de 15 por cabildo.
- Disminución gradual de 15% al presupuesto del Senado.
- Límites salariales para consejeros y magistrados electorales: nadie podrá ganar más que la Presidenta.
- Cambios en la revocación de mandato, que se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
- Inicio del cómputo electoral desde la llegada del primer paquete de votos, sin el preámbulo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
- Elección del Poder Judicial prevista para 2027.
INE podrá revisar origen de recursos con la UIF
En materia de transparencia, la presidenta Sheinbaum enfatizó la necesidad de reforzar la fiscalización del financiamiento político: “estamos poniendo que se transparenten todos los recursos que reciben los partidos, para que ninguno de sus presidentes, secretario general, servidor público pueda ganar más que la Presidenta o se otorgue también bonos, seguros de gastos médicos, etcétera”.
Subrayó que también se prevé coordinación entre autoridades electorales y financieras para evitar irregularidades: “en el caso de que el INE lo solicite, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder revisar el origen de los recursos; y que no haya desvío de recursos públicos de alguna entidad o algún recurso ilícito”.
Respecto a gobiernos municipales, la mandataria criticó el tamaño de algunos cabildos: “no importa el tamaño de la población en algunos lugares, es un exceso”, señaló, al explicar que la propuesta ajusta el número de regidores entre siete y 15, “y que ningún regidor, ningún presidente municipal pueda ganar más, ni se pueda asignar bonos, ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal, más allá de su salario”.
Detalló sobre los congresos locales que: “Quien esté por debajo, sólo va a poder subir en términos reales y quien esté por arriba tiene que bajar su presupuesto. El Senado también reduce su presupuesto”.
Revocación de mandato
Sobre la revocación de mandato, indicó que “se establece que puede ser en el 27 o en el 28, y a criterio de los siguientes presidentes igual. Como está la Constitución, queda hasta principios del próximo año poder solicitarla”, mientras que la elección judicial se mantiene para 2027, con ajustes para reducir el número de candidatos y mejorar la revisión de perfiles.
Finalmente, la presidenta reiteró que insistirá en reducir el gasto electoral y modificar el esquema de representación proporcional: “voy a seguir insistiendo en que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos y en el tema de los plurinominales”, afirmó.
Austeridad republicana real
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la iniciativa mantiene como eje la austeridad republicana como uno de los principios fundamentales además de que “se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana. Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta. No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”.
La funcionaria detalló que el paquete incluye modificaciones a siete artículos de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cinco de la Ley General de Partidos Políticos, con la intención de asumir el compromiso de gastar lo justo, generar ahorros que puedan ser invertidos en infraestructura social, en los municipios y estados.
Foto: Presidencia