Estableció que los Estados deben aplicar medidas que involucran a empresas y la cooperación internacional, para frenar el tráfico de armas
México; 6 de febrero 2026.— La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) determinó que los Estados tienen la obligación de fortalecer sus mecanismos de control para prevenir el tráfico ilícito de armas, lo que incluye regulaciones internas, vigilancia sobre empresas del sector armamentista y cooperación internacional. El criterio fue informado tras una opinión consultiva solicitada por México sobre el impacto del comercio de armas en los derechos humanos.
La postura quedó establecida en la Opinión Consultiva 30 de 2025, cuyos puntos centrales fueron expuestos en una transmisión pública del jueves 5 de marzo encabezada por el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch. El documento responde a una solicitud formal realizada por el Estado mexicano para aclarar las responsabilidades estatales frente a la circulación ilegal de armamento y su vínculo con la violencia en la región.
Estados Unidos encabeza origen de armas ilegales
El pronunciamiento sucede mientras Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de armas utilizadas para cometer delitos en México. De acuerdo con datos citados por el gobierno mexicano, alrededor de 200 mil armas de origen estadounidense entran ilegalmente cada año a territorio nacional, alimentando la capacidad de fuego del crimen organizado.
La petición ante la corte fue presentada en noviembre del año 2022, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y buscaba que el tribunal analizara las responsabilidades derivadas de las actividades de empresas privadas dedicadas a la fabricación y comercialización de armas. México planteó que la falta de debida diligencia, así como prácticas negligentes o deliberadas, facilitan el tráfico ilegal y la disponibilidad indiscriminada de armamento que —argumentó— incrementa la violencia en el continente.
¿Cuáles son las obligaciones de los estados?
Durante la presentación de la resolución, el juez Mudrovitsch explicó que el tribunal decidió reformular la consulta original realizada por México para concentrarla en una interrogante central: “¿Cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas?”.
Tras analizar el fenómeno en el contexto regional, la corte concluyó que la circulación ilegal de armamento impacta directamente en las garantías protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente el derecho a la vida y a la integridad personal, indicó.
El tribunal estableció que los Estados tienen un deber bajo el principio de debida diligencia frente a actividades que puedan derivar en tráfico ilícito de armas, que implica al menos cuatro obligaciones fundamentales:
- Adoptar normas internas adecuadas para regular el comercio y circulación de armas.
- Supervisar las actividades empresariales vinculadas a la industria armamentista.
- Garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas de la violencia relacionada con armas.
- Promover la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito.
Responsabilidades de gobiernos e iniciativa privada
Además, la corte señaló que los gobiernos deben implementar sistemas de marcaje, registro y rastreo de armas de fuego que permitan seguir su trayectoria, así como realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar importaciones o exportaciones. También recomendó aplicar medidas de seguridad en la gestión de arsenales estatales y en el manejo de armas decomisadas.
Respecto al papel del sector privado, el tribunal sostuvo que los Estados deben supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas del ramo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones sobre comercio de armas y del respeto a los derechos humanos, como parte de sus obligaciones.
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