La Paz, Bolivia; 18 de mayo 2026.— Una escalada judicial sacude la crisis política en Bolivia tras la decisión del presidente, Rodrigo Paz, de perseguir penalmente a los dirigentes sociales de mineros, obreros y campesinos que exigen su dimisión, al fincarles delitos como alzamiento armado y terrorismo.
Frente a los medios de comunicación, el portavoz oficial de presidencia, José Luis Gálvez, confirmó la decisión del ejecutivo y sentenció: “ya hay denuncias planteadas, ya hay mandamientos de aprehensión, hay distintas figuras legales, incluido terrorismo y alzamiento armado”.
A inicios de mayo la Central Obrera Boliviana, campesinos identificados con el expresidente Evo Morales, así como obreros mineros y de otros sectores, comenzaron a exigir la renuncia de Paz por, entre otras fallas graves, haber importado gasolina contaminada y negarse rotundamente a realizar incrementos salariales.
Gálvez ya había acusado al dirigente Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de derechos humanos del Ministerio de Defensa en la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), actual encargado del Comité de Conflictos de la organización de Campesinos Ponchos Rojos, por aparecer en un video acompañado de campesinos equipados con fusiles Mauser llamando al levantamiento armado.
Al respecto señaló: “Bernabé Gutiérrez convocó a una reunión en la localidad de Achacachi, en el departamento de La Paz (oeste), para que se adhieran a la marcha cocalera (de Morales) y que vinieran con todas las armas posibles, con fusiles Mauser. No conforme con eso, instruyó a los ciudadanos a que traigan palos y picotas”.
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