México; 08 de junio 2026.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la validez legal de las reformas que transfieren recursos del sector turístico y aeroportuario a las Fuerzas Armadas. Mediante esta resolución, los ingresos obtenidos continuarán destinándose al financiamiento y operación de proyectos estratégicos del Gobierno de México, así como a las terminales aéreas de México.
El Pleno del máximo tribunal del país determinó, por una votación de cinco contra cuatro, improcedente el análisis de la acción de inconstitucionalidad 224/2023 promovida por la oposición parlamentaria. El bloque mayoritario de ministros concluyó que la impugnación original quedó sin materia jurídica tras registrarse modificaciones legislativas en el año 2023 en la Ley Federal de Derechos y reformas constitucionales en el año 2024.
Los integrantes de la minoría de la SCJN consideraron viable el estudio de fondo al suponer una presunta militarización de las funciones civiles y posibles violaciones al artículo 134 constitucional sobre el ejercicio del gasto público. La disputa se focalizó en los gravámenes estipulados en el artículo 18-A que dirige recursos al Tren Maya, y en el 220-A con relación a la aportación del 9 por ciento de ingresos brutos de los concesionarios de aeropuertos privados para financiar la infraestructura aeroportuaria administrada por las fuerzas armadas. La infrestuctura a que hace referencia son 13 aeropuertos en control de la Defensa y seis de la Marina, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Durante el debate, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó formalmente la postura de desechar en su totalidad el asunto: “comparto las consideraciones de quienes plantean el sobreseimiento completo del asunto, tanto del artículo 18-A como del 220-A —desde mi perspectiva—, aún aplicando el criterio híbrido, sí hay una modificación sustantiva; porque en la nueva norma se establecen porcentajes. En el caso del artículo 220-A, el 60 por ciento para la Secretaría de la Defensa Nacional, y 40 por ciento para la Secretaría de Marina, aspecto que no contemplaba la anterior norma”, sustentó.
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