Nuevos testimonios recabados en 2026 por la Unidad Especial del caso Ayotzinapa confirmaron la sustracción y entrega directa de las filmaciones al exgobernador ahora detenido, derrumbando la versión oficial de fallas en el sistema
México; 06 de agosto 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Ministerio Publico Federal la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Heladio Aguirre Rivero, investigado por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia.
El ahora detenido es señado como el ejecutor directo de la instrucción de desaparecer el material en video que documentaba la detención de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con las indagatorias de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la orden abarcó la supresión de las filmaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales registraron el momento en que agentes policiales interceptaron el “autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas (de Ayotzinapa) fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala”.
“El ex mandatario guerrerense (2011-2014) fue aprehendido “como parte del nuevo modelo de investigación, y el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel “N”, ex gobernador de ese estado, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, informó por su parte
Ocultamiento de las grabaciones: una operación dolosa
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos aseveró que la alteración probatoria no respondió a una negligencia institucional, sosteniendo “que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”.
Sobre el despliegue para encubrir los sucesos, la funcionaria detalló el avance de las investigaciones: “las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material (las grabaciones de las cámaras de vigilancia) no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa”.
Testimonios: Ángel Aguirre ordenó desaparecer evidencias
Agrega que “en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones, y señaló a quién la sustrajo para entregarlas directamente” al entonces gobernador, “además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”.
En mayo de este año 2026, “un segundo testigo protegido” enriqueció el primer testimonio “al señalar que Ángel “N” ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
La fiscal confirmó que la FGR “cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos, estatales de alto nivel”, judicializando el expediente para proceder con el mandato judicial dictado por el juez de la causa.
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