La Feccecam revela el uso de empresas fantasma y dependencias estatales durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas para cometer los presuntos ilícitos. Mientras tanto, el presidente del PRI acudió a la ONU, donde se definió como “perseguido político“
México; 21 de agosto 2026.— La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) impulsa el procedimiento judicial para imputar a 32 exservidores públicos de la gestión estatal de Alejandro Moreno Cárdenas (2015-2019), luego de que las investigaciones revelaran un esquema de desvío de recursos que supera los 270 millones de pesos a través de empresas factureras asentadas en Campeche y la Ciudad de México.
El entramado habría sido posible con la participación de 12 dependencias y secretarías estatales, entre las que destacan Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo, Educación, Comunicación Social y la Fiscalía General del Estado, así como empresas fantasma, que durante cinco años habrían desviado el monto señalado.
Han logrado procesar a 17 excolaboradores de ‘Alito’
Hasta el momento, las autoridades han logrado procesar a 17 excolaboradores del gobierno que encabezó el ahora presidente del PRI nacional por el delito de peculado, además de un empresario vinculado al mal uso del fideicomiso del 2 por ciento sobre nóminas; de este grupo, únicamente una persona permanece bajo prisión preventiva.
Las carpetas de investigación documentan casos como el del exsecretario de Pesca, Raúl UH, procesado por 5 millones de pesos; el del ex titular de Desarrollo Económico, José Domingo N, y el exdirector del citado fideicomiso, Pablo N, acusados por 25 millones de pesos junto con el empresario Miguel ÁDQ, quien recibió recursos para construir una plaza comercial; además, a este último se le sigue otro procedimiento ya que también es dueño de la cadena Mayavisión que recibió apoyos por millones de pesos sin la respectiva comprobación.
Autoridades actúan contra presuntos implicados
Asimismo, se registran procesos contra la exdirectora del Colegio de Bachilleres, Adlemi SR, por un quebranto superior a 3 millones de pesos; mandos de Seguridad Pública como el exsecretario Jorge AU y tres colaboradores por 30 millones de pesos; y exdirectivos de Obras Públicas, Comunicación Social y la Comisión de Agua Potable por montos que van de 1.7 a 16 millones de pesos.
El único imputado recluido en el penal de San Francisco Kobén es Ernesto “EC” —excontador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas—, investigado por un presunto peculado de 36 millones de pesos, mismo monto imputado al exdirector de Comunicación Social, Carlos Alberto MH, quien afronta su proceso en libertad luego de pagar una fianza de 200 mil pesos.
Mientras fuerzas políticas de oposición en la entidad demandan que las indagatorias alcancen a la exsecretaria de Finanzas durante la administración de ‘Alito’, América Azar Pérez, por la firma de los cheques involucrados, el dirigente priista publicó su visita a la sede de la ONU en Estados Unidos para acusar “la grave situación que atraviesa México y las violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno” federal al mismo tiempo que se definió “perseguido político”.
En su postura pública argumentó —sin presentar pruebas de algún delito cometido— que se han difundido “listas” para señalar a ciudadanos y periodistas.
Foto: Cortesía
Con información de La Jornada