Tras más de 40 años sin actualizarse, la iniciativa que mejora la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, será envida al Congreso; integra ciencia, saberes ancestrales y certeza jurídica para garantizar la justicia ambiental en México
México; 26 de agosto 2026.— En una iniciativa clave para la transformación ambiental del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles anunció el envío de la propuesta para la actualización y mejora de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).
Esta reforma integral impulsada desde el Gobierno de México, elaborada a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), busca fortalecer de manera contundente las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales. La mandataria fundamenta este paso histórico en el Principio 6 del Humanismo Mexicano, planteado desde el 1 de octubre de 2024: “El desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales“.
Durante la conferencia la “Mañanera del Pueblo”, la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, detalló la presentación de este proyecto normativo que busca modernizar una legislación vigente desde 1988 que contaba con más de 40 años sin responder a las dinámicas actuales. Con esta reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum Pardo, México atiende los nuevos desafíos globales a través de una visión renovada, humanista y profundamente cercana a la población, para construir una nueva relación de justicia ambiental entre el país, su pueblo y su patrimonio natural.
Principios para una ley con justicia ambiental
El proyecto impulsado en la administración del segundo piso de la Cuarta Transformación, establece un marco de 10 principios fundamentales:
- El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
- No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
- Prevenir antes que reparar.
- Conservar y restaurar para construir futuro.
- Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.
- Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.
- Propiciar una cultura ambiental.
- De una economía que desecha a una economía que aprovecha.
- Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
- Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.
Herramientas y certeza jurídica
La nueva legislación promovida por la Jefa del Ejecutivo proveerá herramientas novedosas para atender los retos ecológicos emergentes. Asimismo, integrará avances científicos, innovación y tecnologías de vanguardia con los saberes ancestrales de nuestras comunidades. Entre sus fortalezas destacan el incremento de la certeza jurídica para inversiones y pueblos originarios, así como el robustecimiento de los mecanismos de prevención y restauración ambiental con una participación ciudadana activa.
Beneficios directos para las personas y la naturaleza
La iniciativa legal abarcará beneficios integrales para la sociedad mexicana y los ecosistemas:
- Respuesta a crisis globales: Atiende de manera directa el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación que vulneran los medios de vida de los pueblos.
- Economía circular: Transición hacia un esquema de menos basura y más reciclaje.
- Saneamiento de recursos: Acciones dirigidas a hacer la paz con ríos, barrancas y playas.
- Protección de la biodiversidad: Resguardo de especies emblemáticas y recuperación efectiva de ecosistemas.
- Derecho a la salud: Garantía de un medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de las niñas y niños.
- Protección comunitaria: Mecanismos para evitar daños ambientales y proteger los derechos fundamentales de las personas y comunidades.
- Transparencia y justicia: Asegura el acceso universal a la información pública y a la justicia ambiental.
Foto: Presidencia