Pese a calificar al fentanilo como arma de destrucción masiva, las autoridades federales de Estados Unidos habrían permitido la distribución de millones de dosis mientras mantenían vigilancia sobre los traficantes
Washington, D.C.; 31 de agosto 2026.— Una polémica táctica policial que permitió que cantidades asombrosas de fentanilo mortal llegaran a las calles de Estados Unidos cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura, se encuentra ahora bajo investigación de los republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El presidente de la comisión, el congresista James Comer, republicano de Kentucky, envió una carta este lunes al secretario de Justicia Todd Blanche solicitando registros relacionados con la controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de vigilar —pero no incautar— grandes cargamentos de fentanilo, reportó la agencia AP.
Agentes de la DEA reciben órdenes de ‘hacerse a un lado’
La solicitud refiere las preocupaciones planteadas por funcionarios de Nuevo México, el epicentro de la crisis del fentanilo, donde informantes de la DEA revelaron recientemente que se les ordenó hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, consumando una posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades.
La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia a fin de intentar obligarlo a entregar algunos de los mismos registros que buscan los republicanos de la comisión de Comer.
“Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”, escribió Comer en la carta —cuya copia obtuvo la agencia The Associated Press—. Mientras tanto, la DEA no ha respondido a una solicitud de declaraciones al respecto.
DEA permitió la llegada de cargamentos a las calles
La demanda y la pesquisa del Congreso llegan dos meses después que una investigación periodística de AP hallara que agentes de la DEA vigilaron repetidamente grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, permitiendo que llegaran a las calles al tiempo que las autoridades federales fortalecían casos penales.
Llama la atención que el fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, e incluso cuando la DEA encabezaba una campaña de concientización pública —”One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”)— que subrayaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales. El año 2025 la Casa Blanca designó al opioide sintético como un “arma de destrucción masiva” para sustentar los intentos por intervenir el territorio extranjero de donde presuntamente proviene esta droga o sus precursores.
Estrategia para que las drogas ‘caminen’
Por su parte, Comer solicitó registros que abarcan únicamente el gobierno de Joe Biden, al citar lo que describió como su “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” desarrollados durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Esos protocolos, sostuvo Comer, deberían haber evitado que el fentanilo llegara a las calles en cantidades tan grandes.
La política anterior, adoptada en 2017, pedía a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”. El Departamento de Justicia reescribió esas normas en el año 2024 para dar a las fuerzas policiales mucha más discrecionalidad sobre si actuar para impedir el tráfico de fentanilo, al citar “los beneficios que se lograrían al preservar la investigación”.
El trabajo periodístico revela que la estrategia investigativa —conocida como permitir que las drogas “caminen”— continuó durante el segundo gobierno de Trump, en el periodo previo al mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, una operación anunciada en mayo del año 2025 por la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi.
Testimonios reveladores y escuchas telefónicas
Como parte de esa investigación, las autoridades incautaron alrededor de 3 millones de pastillas de fentanilo, sin embargo cantidades aún mayores no fueron decomisadas, al tiempo que agentes en Albuquerque se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban hasta 100 mil pastillas de fentanilo.
Toda la red pudo haberse desmantelado seis meses antes, afirma un exsupervisor de la DEA que trabajó en el caso y que actualmente es uno de los tres denunciantes que lanzan la alarma sobre esta práctica de larga data.
El organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció este mes de agosto una revisión a nivel nacional de las políticas gubernamentales y de las investigaciones con escuchas telefónicas para determinar si las autoridades federales han utilizado la misma táctica en otros lugares.
“Nuestras investigaciones son de largo plazo, son complejas y se realizan bajo la guía de la ley”, declaró por su parte el administrador de la DEA, Terry Cole, en una entrevista en agosto para la cadena Fox News, en la que dio la bienvenida a la revisión del inspector general. “Seguiremos haciéndolo, pero necesitamos mantenernos 100% enfocados en el adversario”, argumentó.
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