La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reportó 517 denuncias penales y más de 4 mil funcionarios sancionados, así como 53 servidores públicos vinculados a proceso y la sanción a 286 personas morales
Mexico; 22 de septiembre 2026.— La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos de corrupción en los dos años de la actual administración federal. Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, destacó que en este periodo también se han presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ilícitos como enriquecimiento ilícito, peculado y fraude.
En el ámbito administrativo, la fiscalización federal registra sanciones contra 4 mil 193 funcionarios, principalmente por autorizaciones de pagos indebidos, compras injustificadas y falsificación de documentos. Además, la secretaria precisó que las conductas más graves trascienden el fuero gubernamental: “algunas faltas administrativas son delitos y van acompañados no sólo a tribunales para sanción administrativa, sino que se envían denuncias a la Fiscalía General de la República”.
286 personas morales sacionadas
El informe también detalla severas medidas contra la iniciativa privada, con 286 personas morales sacionadas por anomalías en contrataciones, tales como la entrega de documentación apócrifa o el incumplimiento en la prestación de servicios, de los cuales 222 fueron inhabilitados con multa y 64 sólo con multas. Estas sanciones a particulares generaron multas por 147.3 millones de pesos, sumadas a otros 118.5 millones de pesos aplicados a 51 entes por la vulneración o uso indebido de datos personales.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum Pardo resaltó que el eje preventivo del modelo anticorrupción ha logrado proteger 83.8 mil millones de pesos del erario público. La contención de estos recursos se logró primordialmente mediante la optimización en compras consolidadas (29 mil millones de pesos) y la fiscalización directa en la ejecución de contratos estatales (42.2 mil millones de pesos).
Foto: Presidencia