Con 86 votos a favor, se avaló que los aspirantes a la Presidencia de la República, gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX deban contar únicamente con la nacionalidad mexicana
México; 29 de septiembre 2026.— Con 86 votos de 128 legisladores presentes, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que estipula que las y los candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno deben contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.
Mientras que cuatro senadores de los partidos coaligados Morena-PT-PVEM no pudieron asistir a la sesión, los suplentes emitieron los votos pertinentes que reforzaron el resultado; destaca el caso de la legisladora migrante, Karina Ruíz, quien no pudo salir de Estados Unidos. Por su parte, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, votó en contra de la iniciativa presidencial, como lo habìa anticipado.
Tras la aprobación impulsada por la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los integrantes de los partidos aliados frente al rechazo en bloque de la oposición, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, turnó la minuta a los congresos estatales para su eventual ratificación en el proceso del Constituyente.
Durante el debate sobre las modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano argumentaron que el dictamen margina a la comunidad migrante. En respuesta, defensores de la iniciativa presidencial recalcaron que la norma no atenta contra el estatus legal de los connacionales en el extranjero.
El senador Saúl Monreal aseveró que “la regla es clara” y que la medida responde a un criterio de seguridad nacional. Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, insistió en que la enmienda “no está hecha contra nadie”.
Precisó que “esta reforma no está dirigida contra los mexicanos y las mexicanas que tienen otra nacionalidad, mucho menos contra nuestros y nuestras con nacionales, que por razones familiares, migratorias y personales han construido su vida entre México y otro país. México reconoce la doble nacionalidad, la protege y esta reforma no cambia ese principio“.
En esa misma línea argumentativa, Huerta enfatizó la necesidad de delimitar las facultades de quienes aspiran a dirigir un poder ejecutivo local o federal: “por eso debemos separar con claridad dos cosas; uno es el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a conservar su nacionalidad y mantener legítimamente vínculos con otras naciones”, señalando que otra cosa muy distinta es la alta función que se asume al gobernar.
Oscar Cantón Zetina y Ladrón de Guevara, como presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios legislativos, rechazaron las “mentiras de los opositores” al afirmar que la medida se trata de una regla de soberanía y lealtad institucional, ya que quien aspire a la responsabilidad de gobernar el país, por encima de cualquier otro vínculo o consideración, debe responder inequívocamente al interés del pueblo de México.
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