Miguel Ángel Robles Villegas, ex titular del Juzgado 63 Civil de la Ciudad de México, dejó de formar parte del Poder Judicial local tras no ser ratificado en el reciente proceso de elección judicial. El juez había sido señalado por emitir resoluciones que beneficiaron a compañías del conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con información confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, Robles Villegas cesó funciones el 29 de agosto, luego de solicitar una licencia prejubilatoria ante el extinto pleno del Consejo de la Judicatura. Su salida implica la cancelación del acuerdo que le habría extendido su permanencia por seis años adicionales.
Juez eximió a empresas de Salinas Pliego
Entre los fallos más controvertidos emitidos durante su gestión, destaca una resolución en la que se consideró la pandemia de COVID-19 como una causa de fuerza mayor, lo que eximía a una empresa de Grupo Salinas de cumplir con obligaciones financieras internacionales relacionadas con bonos emitidos en Estados Unidos.
Consultada sobre el caso, la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez explicó que el Juzgado 63 fue disuelto en el marco de la reestructuración del Poder Judicial, y Robles fue posteriormente reasignado a un juzgado de oralidad mercantil. Guerrero señaló no tener conocimiento detallado del desempeño del juez, aunque indicó haber coincidido con él en actividades extrajudiciales como parte de un equipo deportivo del gremio.
Transparencia en pausa: sin claridad sobre bajas judiciales e indemnizaciones
La salida de Robles Villegas ocurre en medio de un proceso de reforma judicial que ha dejado en suspenso la entrega de información pública sobre los cambios recientes en el Poder Judicial capitalino.
El TSJ ha declarado que actualmente no cuenta con los datos relacionados con las indemnizaciones o renuncias de los juzgadores que dejaron sus cargos tras la elección interna de julio pasado. La razón, según el tribunal, es la desaparición de la Oficialía Mayor, instancia encargada previamente de gestionar esta información.
‘Imposibilidad’ para responder solicitudes de transparencia
En respuesta a solicitudes realizadas vía la Plataforma Nacional de Transparencia, el tribunal argumentó que enfrenta una “imposibilidad jurídica y material” para entregar la documentación requerida, al estar en curso el periodo de transición administrativa previsto por la reforma al artículo 122 de la Constitución local.
El proceso de reestructuración contempla un plazo de 180 días naturales, por lo que la información pendiente podría ser publicada hasta marzo de 2026, una vez se hayan establecido las nuevas áreas responsables.
Con Información de La Jornada
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