- El Grupo de Trabajo de Jueces Generales Retirados de Estados Unidos, acusa y señala que rematar a sobrevivientes va contra los Convenios de Ginebra y podría implicar responsabilidad penal
Washington, D.C.; 30 de noviembre 2025.— Una advertencia formal dirigida al Congreso de Estados Unidos abrió un nuevo foco de tensión en torno al uso de la fuerza militar en operaciones antinarcóticos. El Grupo de Trabajo de Jueces Generales Retirados de Estados Unidos pidió una investigación inmediata sobre reportes que atribuyen al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la orden de “matar a todo el mundo” en un operativo en el Caribe el 2 de septiembre.
Según las revelaciones difundidas por medios estadounidenses, un buque civil con 11 tripulantes fue atacado tras ser señalado como sospechoso de narcotráfico. El primer impacto destruyó la embarcación, y un segundo ataque habría sido realizado para eliminar a dos sobrevivientes que se mantenían a flote entre los restos.
Asesinaron sobrevivientes
Rematar náufragos constituye crimen de guerra o asesinato
El pronunciamiento, adoptado de forma unánime por el grupo judicial creado en febrero de 2025, sostiene que tanto la emisión como la ejecución de órdenes que buscan rematar a náufragos constituyen crímenes de guerra o asesinato, dependiendo de la naturaleza legal de la operación. Los magistrados recalcaron que las instrucciones de “no dar cuartel” son incompatibles con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente con el artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, que obliga a rescatar y proteger a quienes han quedado fuera de combate.
En caso de que la administración estadounidense sostenga que no se trata de un conflicto armado, agregaron, el ataque letal contra civiles incapaces de defenderse podría derivar en cargos de homicidio para todos los participantes, tanto para los que ordenan los ataques como para quienes los ejecutan, esto de acuerdo con la legislación interna.
Órdenes “patentemente ilegales” deben ser desobedecidas
El colectivo recordó a los militares que las órdenes “patentemente ilegales” deben ser desobedecidas y que la defensa basada en el cumplimiento de instrucciones superiores no es válida cuando se trata de actos constitutivos de delito. También llamó a la población estadounidense a oponerse a cualquier acción militar dirigida contra personas en condición de indefensión.
La polémica se amplificó luego de que, el 15 de noviembre, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear —también bajo mando de Hegseth— ejecutó un nuevo ataque letal en el Pacífico Oriental contra otra embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico. En ese incidente murieron tres tripulantes, lo que elevó a más de 80 el número de fallecidos en estos operativos desde septiembre.
El Pentágono defendió el uso de un “ataque cinético letal” en aguas internacionales afirmando que la embarcación era operada por una “organización terrorista designada”, calificando a los tres navegantes como “narcoterroristas”. En total, se han registrado 21 ataques en el Caribe y el Pacífico dentro del despliegue militar que involucra portaaviones, destructores, aeronaves de combate e incluso un submarino nuclear en la región caribeña.
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