La ministra de la Suprema Corte advirtió que el problema no es la llegada de extranjeros, sino la especulación inmobiliaria; propone control de rentas y sanciones al lucro con vivienda social.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, hizo un llamado urgente a realizar un diagnóstico sobre el fenómeno de la gentrificación en la capital del país, a fin de conocer su verdadero alcance y diseñar políticas públicas para combatirlo.
Durante el conversatorio “Derecho a la ciudad y gentrificación”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Batres señaló que el desplazamiento de los habitantes originales no es resultado directo de la llegada de personas extranjeras, sino de la especulación económica que encarece el suelo urbano y las viviendas.
“El origen de la gentrificación es la especulación. Algunos extranjeros se mudan cuando los habitantes originales ya no pueden pagar. El problema es que tenemos que irnos de un lugar que rentamos o incluso venderlo porque ya no nos alcanza. Nos deben un diagnóstico: cuánta gente es desplazada, de dónde y por qué”, advirtió.
La ministra lamentó que la SCJN no cuente con una sola jurisprudencia que garantice el derecho humano a la vivienda.
“Tenemos más de 12 mil jurisprudencias en materia fiscal, pero ninguna que nos diga cómo satisfacer este derecho fundamental”, dijo.
Recordó además que, en 2015, la Corte contribuyó al avance de la gentrificación al declarar inconstitucional el cobro por impacto urbano a las nuevas edificaciones, lo que abrió la puerta a amparos masivos de constructoras para recuperar sumas millonarias.
Batres propuso analizar medidas como el control de rentas a nivel ciudad, el cobro por cambio de uso de suelo, la aplicación de impuestos a la especulación inmobiliaria, y la prohibición de lucrar con la vivienda social.
En el evento participaron también académicos, legisladores y defensores del derecho a la vivienda, como Lucía Álvarez (UNAM), Martha Ávila (Congreso CDMX), Silvia Emanuelli (Coalición Internacional para el Hábitat), Guillermo Rodríguez (INVI), y los constitucionalistas Federico Anaya y Raymundo Espinoza.
El foro dejó claro que el fenómeno de la gentrificación requiere ser atendido desde el ámbito judicial, legislativo y social para garantizar el derecho a la ciudad y evitar que más familias sean desplazadas por el mercado.