Ciudad de México.– A casi tres décadas del colapso bancario que dio origen al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la historia vuelve a colocarse en el centro del debate público luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara que, a partir de 2026, los bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte del rescate que aún pagan cada año.
El tema recuerda inevitablemente la auditoría internacional encabezada en 1999 por Michael Mackey, ordenada por el Congreso de la Unión, que documentó operaciones irregulares por más de 86 mil millones de pesos. Los hallazgos señalaban un patrón de corrupción y negligencia que abarcó dos sexenios: la reprivatización bancaria en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y el posterior rescate instrumentado bajo Ernesto Zedillo.
Irregularidades millonarias
El informe reveló que:
• 35 mil millones correspondían a créditos relacionados (autopréstamos a banqueros y empresas de sus propios grupos).
• 25 mil millones a créditos otorgados fuera de norma.
• 25 mil millones más a operaciones irregulares en la compra de cartera y programas de capitalización.
Instituciones como Bancrecer, Santander Mexicano, Bital, Banamex y Bancomer concentraron la mayor parte de estas anomalías.
Supervisión laxa y privatización fallida
La auditoría concluyó que:
• La privatización bancaria de 1991 estuvo mal diseñada y ejecutada.
• Se vendieron bancos descapitalizados, sin diagnóstico real y a compradores sin experiencia.
• La Comisión Nacional Bancaria careció de recursos y permitió que se usara capital prestado en lugar de nuevas aportaciones.
• Las leyes financieras eran obsoletas, sin reglas claras para riesgos, clasificación de cartera ni recuperación judicial de créditos.
El auditor Ray González lo resumió así: “La privatización no mejoró al sector financiero; falló la supervisión, y los fondos de las ventas nunca fortalecieron al sistema”.
Un fraude con impacto presente
Aunque la auditoría de Mackey no pudo documentar de manera concluyente el desvío de recursos al PRI, dejó constancia de que millones de expedientes desaparecieron y que las operaciones de autopréstamos eran, en muchos casos, fraudulentas.
Hoy, más de 25 años después, el tema resurge con el anuncio presidencial: los bancos ya no podrán trasladar al erario el costo del rescate que se justificó en nombre de “proteger los ahorros de los mexicanos”.
Contexto político
Legisladores como Fauzi Hamdan (PAN) y el bloque opositor de la época reconocieron que la auditoría sentaba bases para imputar responsabilidades, aunque las lagunas legales y la falta de voluntad política dejaron impunes a los responsables.
El nuevo ajuste anunciado por Sheinbaum no sólo implica un ahorro fiscal para el país, sino también una reivindicación histórica frente a un proceso que, según los propios auditores internacionales, fue “un rescate con muchos puntos negativos, caro e ineficaz, que dejó una banca enferma”.
Conclusión
El Fobaproa no fue un capítulo cerrado. La auditoría Mackey documentó el fraude; la sociedad pagó el costo durante décadas; y ahora, la decisión del actual gobierno abre un nuevo debate: ¿se está corrigiendo, por fin, una injusticia que nació del colapso bancario más grande en la historia de México?
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Fuente: Carlos Acosta Córdova y Raúl Monge, “Aun obstaculizada, la auditoría entraña responsabilidades para dos sexenios. La banca estatizada, reprivatizada y ‘rescatada’ acumuló anomalías e ilícitos hasta el colapso zedillista”, revista Proceso, núm. 1185, 18 de julio de 1999; y núm. 1165, 4 de julio de 1999.
Foto: redes sociales