- De acuerdo con las autoridades comunales, la impunidad se sostiene mediante la protección de policías, operadores judiciales y funcionarios que bloquean investigaciones y encubren delitos
México; 6 de diciembre 2025.— Autoridades tradicionales de San Lorenzo Azqueltán aprovecharon su presencia en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara para exponer la creciente violencia que enfrenta la comunidad wixárika-tepehuana, cuyo episodio más grave fue el asesinato del líder agrario Marcos Aguilar Rosas el 26 de noviembre, así como las lesiones por arma de fuego contra su hermano Gabriel.
La agresión ocurrió en el predio comunal El Caracol, escenario recurrente de invasiones, agresiones paramilitares, amenazas y donde está presente una estructura de impunidad que protege a los agresores; situación vinculada a una disputa territorial que se agudizó desde 2015.
Denuncian homicidio premeditado para despojarlos
Durante el encuentro con medios nacionales e internacionales, Mario González de la Cruz y Ramiro Reyes Márquez señalaron que el homicidio “fue premeditado” y busca desarticular la organización comunal para avanzar en el despojo de miles de hectáreas. Recordaron que el territorio en disputa está respaldado por un título virreinal de 1733 que reconoce 94 mil 400 hectáreas, aunque la comunidad reclama únicamente 39 mil ante el Tribunal Agrario.
Testimonios del ataque apuntan a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como a Víctor Hugo Pérez, quienes ya habían sido señalados por agresiones y desapariciones en la zona. De acuerdo con las autoridades comunales, la impunidad se sostiene mediante la protección de policías, operadores judiciales y funcionarios que bloquean investigaciones y encubren delitos, incluidos casos previos de tortura, secuestro y desplazamiento.
Con Lemus, en Jalisco recrudecieron los ataques y la impunidad
En la conferencia se subrayó que Jalisco vive “patrones de violación contra la labor del derecho a defender derechos humanos, que no se habían presentado de manera tan acelerada y violenta en las últimas décadas”. Datos de EDUCA indican que durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido asesinadas 37 personas defensoras en el país, mientras que el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) documenta que 10 ocurrieron en Jalisco desde la llegada del emecista Pablo Lemus, entre noviembre de 2024 y la fecha actual: cinco mujeres y cinco hombres.
Esto implica que alrededor del 27% de los homicidios contra activistas en México se concentran en Jalisco. Entre las víctimas están defensores de territorio, personas buscadoras y activistas de la diversidad. “Y de esas 10 personas cobarde e impunemente asesinadas 6 pertenecen a comunidades y municipios del interior de Jalisco y 4 al Área Metropolitana de Guadalajara”, destacó María González, del IMDEC.
Activistas víctimas
La lista incluye a Abraham Alejandro Gobel, Juan Pablo Alonso Estrada, además de Teresa González Murillo, María del Carmen Morales y Jaime Daniel Rámirez, personas buscadoras asesinadas en abril tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, identificado como centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. También figuran Karina Ruíz Ocampo, defensora del agua; Katia Daniela Medina Rafael, defensora por los derechos trans y LGTB+, y Judith Alvarado Rodríguez también defensora del agua, asesinada en agosto. Los casos más recientes durante el mandato de Lemus en Jalisco, son los de Cándido Essaú Román Pérez y Marcos Aguilar Rosas, que ocurrieron en noviembre, ambos ligados a la defensa del territorio.
Foto: Víctor Chávez