La iniciativa obtuvo 458 votos a favor. Ahora espera la ratificación de 17 congresos locales
México; 25 de marzo 2026.— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por unanimidad, la reforma al artículo 127 de la Constitución que busca eliminar las llamadas ‘pensiones doradas’ de hasta un millón de pesos a trabajadores de confianza de organismos descentralizados y empresas productivas. Tras su aprobación en el Senado, la reforma requiere el aval de al menos 17 congresos locales para ser devuelta a la presidenta de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ del 18 de febrero, establece un tope de 70 mil pesos mensuales y se espera que genere un ahorro de 5 mil millones de pesos.
Durante la sesión, un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) intentó ingresar por la fuerza al recinto para manifestar su rechazo. Tras derribar vallas en la calle Emiliano Zapata, accedieron al primer filtro de seguridad y antes de retirarse quemaron mobiliario.
Reforma: mecanismo para corregir desigualdad e injusticia
Los 458 votos a favor reflejaron consenso en lo general, aunque legisladores de todos los grupos parlamentarios anunciaron que presentarían reservas para evitar que la aplicación retroactiva afecte derechos adquiridos de trabajadores jubilados, muchos de los cuales no reciben pensiones excesivas. En total, se registraron 92 oradores para discutir la iniciativa en lo particular.
Morena defendió la reforma como un mecanismo para “corregir la desigualdad y la injusticia” en los niveles de jubilación de altos funcionarios. Los legisladores Haydid Arreola y Manuel Vázquez Arellano subrayaron que la medida “no es contra el universo completo de trabajadores pensionados —sino— contra las pensiones doradas, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores que, aunque estaban en las reglas, no por ser legal fue moral lo que hicieron. Muchas de esas pensiones que lograron obtener fue por acuerdos, por compadrazgos, por amistades políticas, por favores políticos”.
En apoyo, la diputada del Partido del Trabajo (PT) Irma Garay afirmó que los montos desproporcionados “representa una carga para las finanzas públicas y una herida latente en la confianza de toda nuestra gente”, ya que al pagar “pensiones desproporcionadas para unos cuantos, cuando la mayoría tiene una incertidumbre en su retiro, se rompe con el principio de la austeridad”.
No se eliminan derechos laborales legítimos
Señaló que la reforma “no se eliminan derechos laborales legítimos, —sino que— se corrigen privilegios que generaban desigualdad, estableciendo así una nueva medida que promueve la responsabilidad en el ejercicio del gasto público, evitando abusos en el retiro de altos cargos del sector gubernamental”.
Ruth Marisela Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), detalló quela iniciativa “no va contra quienes han construido su retiro con años de esfuerzo, disciplina y de servicio, —sino— contra los privilegios ofensivos de una minoría que durante mucho tiempo vivió al amparo de esquemas desproporcionados”.
xplicó que “existen casi 100 mil registros de jubilados provenientes de empresas del Estado y de la banca de desarrollo. Actualmente, tres personas reciben jubilaciones superiores a un millón de pesos mensuales; 67 perciben entre 500 mil y un millón de pesos mensuales. Y más de 18 mil reciben entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales. Esto es una verdadera bofetada al pueblo”.
Oposición había puesto pero la retroactividad
La oposición mencionó la retroactividad de la ley para argumentar posibles afectaciones contra miles de trabajadores de confianza de empresas del Estado que accedieron de forma legítima a una pensión no excesiva. Alejandro Domínguez (PRI) la calificó como “un intento deliberado para vulnerar derechos adquiridos, que rompe el orden constitucional y sienta un precedente peligroso para el futuro del país”.
Agregó que la invitación a jubilados en la Comisión de Puntos Constitucionales fue “de última hora y sólo para escuchar cinco minutos” sus inconformidades, y advirtió que “lo más grave de este documento es que abren la puerta a empezar con la retroactividad de la ley”.
Legisladores que como Laura Hernández (MC) cuestionaron la exclusión de las pensiones de exmilitares, mientras Fernando Torres Graciano (PAN) confirmó el apoyo a la iniciativa en lo general, pero señaló que presentarían reservas “en contra de muchas otras personas que, merecidamente, tienen el derecho ganado a esa jubilación”, sin emabrgo finalmente la iniciativa fue votada a favor.
Los altos exfuncionarios de confianza que dejarán de recibir pensiones, mismas que alcanzaban un millón de pesos mensuales, pertenecieron a Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro (en liquidación), Nacional Financiera y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
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