El gremio APPAMIA califica de “intempestiva” la medida del gobierno encabezado por Javier Milei y paraliza la atención de 8 mil profesionales encargados de la contención médica de los jubilados
Buenos Aires, Argentina; 14 de abril 2026.— Una huelga de 72 horas paraliza desde el lunes la atención de cabecera que los médicos del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brindan a las personas adultas mayores en Argentina, esto como respuesta de la Asociación de Profesionales de Salud (APPAMIA) a los recortes salariales implementados por el gobierno federal que encabeza Javier Milei.
El conflicto escaló y también en las oficinas donde se regula este programa los trabajadores se sumaron gritando consignas para exigir “que se vaya” el presidente Milei. La inconformidad se desbordó tras la publicación de la Resolución 1107, una medida que el secretario adjunto del gremio, Manuel Lago Rodríguez, calificó como el detonante de la protesta ya que, “habida cuenta de la Resolución 1107 tan intempestiva que emitió el Gobierno, hubo que tomar esta resolución”.
La ruptura del diálogo ocurrió de forma abrupta, según denuncian los representantes de los 8 mil médicas y médicos afectados en todo Argentina. Los profesionales se encontraban en una mesa de negociación para actualizar sus percepciones salariales cuando inesperadamente el escenario cambió: “estábamos en tratativas y de golpe, el 9 de abril, salió esta resolución que decidía reducir los montos per cápita”, explicó Lago Rodríguez sobre el pago que reciben por cada afiliado bajo responsabilidad médica.
El esquema arancelario vigente fija el pago por paciente en 2 mil 100 pesos argentinos (1.5 dólares), lo que resulta insuficiente frente a los costos operativos de los consultorios.
Bajo la premisa de que un profesional debe atender a unos 700 afiliados para garantizar una atención de calidad, el referente gremial advirtió que el alquiler de cualquier consultorio ronda entre los 700 mil y 800 mil pesos argentinos “a lo que se suman los gastos administrativos, los servicios públicos, y la limpieza de los establecimientos, y eso supera lo que el PAMI quiere pagar”.
Dicha política oficial eliminó los pagos per cápita, una modificación estructural que implica un recorte que ronda el “50 por ciento, pues antes, aún con los problemas informáticos del PAMI, quedaban libres entre 1.5 a 2 millones de pesos argentinos —de 1 mil 83 a mil 444 dólares—”, una cifras que, como advirtieron, no consigue resolver las necesidades del gremio que ya vivía una economía erosionada por el proceso inflacionario del país.
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