Washington, D.C.; 25 de abril 2026.— En un giro administrativo dentro del proceso judicial que enfrenta el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos ha permitido el uso de fondos estatales venezolanos para cubrir sus honorarios legales.
Tras el secuestro de Maduro y posterior traslado a territorio estadounidense el pasado 3 de enero bajo cargos no demostrados de narcotráfico, el Departamento del Tesoro flexibilizó las restricciones derivadas de las sanciones internacionales para garantizar la operatividad de sus abogados.
La resolución fue formalizada a través de una misiva enviada al juez Alvin Hellerstein por parte de Jay Clayton, fiscal de Nueva York. En el documento, fechado el pasado viernes, el funcionario notificó que la autoridad hacendaria permitirá “a los abogados de la defensa a recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”.
La medida desbloquea la barrera financiera que, hasta el momento, impedía que Venezuela financiara la representación legal del exmandatario y su esposa, Cilia Flores, debido al cerco económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos recrudecido bajo el mandato de Donald Trump.
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