Cancillería envía un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por romper la confidencialidad. Señala que el expediente recibido carece de pruebas para sustentar las detenciones solicitadas; la FGR determinará si existen elementos de prueba
México; 29 de abril 2026.— Tras darse a conocer que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York fincó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Roben Rocha Moya, y otras nueve personas, este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que el martes 28 de abril a las 18:00 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Agrega que “de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”.
En un comunicado la dependencia federal detalla que “los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
Agrega que “sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.
La dependencia federal señaló que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen laconfidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
Las acusaciones de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que formalizó cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, acusándolos de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos. Según la fiscalía, “los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa“, quienes presuntamente protegieron operaciones criminales desde noviembre de 2021.
El comunicado señala que “los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
La lista de implicados incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; al ex Secretario General de Sinaloa y senador, Enrique Inzunza Cázares; y a jefes policiales como Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, señalado por el asesinato de una fuente de la DEA; además, el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
La acusación sostiene que la facción de los “Chapitos” facilitó el triunfo electoral de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de rivales políticos. Presuntamente, a cambio de sobornos mensuales de 11 mil dólares, se conformó una red de funcionarios como Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, que filtraba información al grupo criminal para evitar arrestos y advertirles de operativos donde Estados Unidos estaba involucrado.
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