Tras exigencia de la ONU, Saif Abu Keshek y Thiago Avila serán liberados antes de que acabe el sábado, luego de permanecer bajo custodia sin cargos por intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza
Tel Aviv, Israel; 09 de mayo 2026.— Las autoridades israelíes liberarán este sábado al español Saif Abu Keshek y al brasileño Thiago Avila e Silva Oliveira para su posterior expulsión del país. Ambos integrantes de la Flotilla Global Sumud fueron retenidos desde el pasado 30 de abril tras la interceptación de su misión humanitaria en aguas internacionales.
Se informó que el abordaje ocurrió en aguas internacionales, aproximadamente a mil 200 kilómetros de la Franja de Gaza, acción que el Gobierno español y otros entes calificaron de “secuestro” y “detención completamente ilegal” ya que los agentes israelíes carecen de jurisdicción en dicha zona marítima.
La presión internacional creció significativamente esta semana cuando la Organización de las Naciones Unidas exigió a Israel “inmediata e incondicionalmente” poner en libertad a los activistas. El organismo internacional subrayó la gravedad de la situación al confirmar que los dos hombres permanecían bajo custodia oficial sin que existiera ningún cargo en su contra.
Israel califica ‘bloqueo naval legítimo a Gaza’
El gobierno israelí justificó la acción militar contra las embarcaciones civiles bajo el argumento de que la flotilla buscaba vulnerar un cerco de seguridad. Según su postura oficial, la operación se ejecutó para hacer cumplir lo que definió como ‘un bloqueo naval legítimo a Gaza’, a pesar del rechazo de la comunidad internacional.
Varios países y observadores internacionales manifestaron su repudio ante la maniobra naval israelí, la tortura y distintas formas de violencia que cometieron las autoridades del régimen que encabeza el prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamin Netanyahu.
Además calificaron la intervención de las fuerzas de defensa como un ataque directo a la misión de ayuda. Mientras tanto, los gobiernos de España y Brasil mantienen su postura de que la captura de sus ciudadanos careció de sustento jurídico.
Foto: Cortesía