Marco Rubio, argumentó la ‘soberanía’ de Estados Unidos para proceder contra el tribunal que ordenó la captura del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hoy prófugo acusado de crímenes de guerra en Gaza
Washington, D.C.; 13 de julio 2026.— El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que el gobierno del presidente Donald Trump está activando una iniciativa para desmantelar lo que denomina “la amenaza a la soberanía de Estados Unidos por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
A través de un mensaje en video, este lunes Rubio argumentó que inicialmente, la CPI tenía por objeto juzgar solo los delitos más graves sin embargo se convirtió en “algo mucho más radical y extremo”, por ello es que la administración de Trump no permitirá que la corte amenace al personal estadunidense, indicó.
Un funcionario del Departamento de Estado, en calidad de anonimato expresó a la agencia noticiosa Reuters que se contemplan opciones como prohibiciones de viaje, revocaciones de visas, un endurecimiento de las sanciones contra la CPI así como a las organizaciones afiliadas, además de la presión diplomática sobre otros países para que se retiren de la CPI.
El comunicado emitido por la oficina que encabeza Rubio afirma que “ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que supone la CPI para los estadounidenses”.
Por su parte, Oriane Maillet, la portavoz de la CPI, afirmó que el máximo tribunal no realizará comentarios sobre el asunto en esta etapa.
EU contra la Corte Penal Internacional
Así como Donald Trump, el expresidente George W. Bush también también ha sostenido durante un tiempo que la CPI no debería tener competencia para investigar y juzgar a ciudadanos estadunidenses, y muy en particular a miembros de sus fuerzas armadas.
Si bien Estados Unidos nunca ha sido miembro del tribunal, el Estatuto de la CPI facultad a la Corte para juzgar crímenes atroces cometidos en el territorio de los estados miembros por individuos de países no miembros.
Asimismo, la CPI se creó en el año 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, además ejerce su jurisdicción solamente si un Estado miembro no puede o no quiere juzgar por sí mismo las atrocidades.
La agencia noticiosa Reuters reveló que la Administración Trump respaldó sanciones contra funcionarios de la CPI, en parte para evitar cualquier intento futuro de exigir responsabilidades al presidente republicano o a sus funcionarios por las acciones militares de Estados Unidos en el extranjero.
Mientras tanto, la Corte Penal Internacional generó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Nentayahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, actualmente prófugos de la justicia, al sustentar las acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, que incluyen el uso del hambre como arma, asesinato y persecución contra la población. La disposición obliga a que los 124 Estados miembros de la CPI capturen a ambos fugitivos si ingresan a sus respectivos territorios.
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