
Con cero tolerancia a la impunidad, la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum registra 67 mil detenciones de alto impacto, la caída de 111 funcionarios vinculados al crimen y el aseguramiento histórico que supera las 34 mil armas, entre otros logros
México; 08 de septiembre 2026.— En el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó un balance de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, periodo en el que se ha logrado la captura de 67,253 personas por delitos de alto impacto. Al respecto, el funcionario subrayó: “son personas que ya no pueden continuar generando violencia ni dañando a la población”.
Como parte del combate a la corrupción, el Operativo Enjambre enfocado en la desarticulación de redes de protección institucional, concretó la aprehensión de 111 funcionarios públicos vinculados con actividades delictivas —incluyendo presidentes municipales de varios estados—, ante lo cual García Harfuch ratificó que “la instrucción de la presidenta es de cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política de una persona”.

Decomisos récord y combate prioritario a la extorsión
Las operaciones federales han permitido el aseguramiento de 34,353 armas de fuego (80% provenientes de Estados Unidos), precisando que lo relevante es que el 61 por ciento son armas largas y una proporción importante fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California: “cada arma asegurada reduce la capacidad de fuego de los grupos criminales y disminuye el riesgo de que fueran utilizadas en agresiones contra la población y contra las autoridades”, afirmó.
Asimismo, la Secretaría de Marina incautó 88 toneladas de cocaína, destacando un decomiso histórico de más de 8 toneladas en las costas de Michoacán.
En materia de extorsión —delito prioritario por ser una conducta que “afecta directamente el patrimonio, la tranquilidad y el trabajo de las familias, particularmente de comerciantes, transportistas, productores y prestadores de servicios”—, la estrategia puesta en marcha el 6 de julio de 2025 y la homologación penal para perseguirlo de oficio permitieron que “la responsabilidad de iniciar y sostener la investigación ya no recae únicamente en la víctima, sino en las instituciones del Estado”.
Detalló los cinco ejes mediante los cuales se desarrolla dicha estrategia: generar detenciones a partir de trabajos de inteligencia e investigación; fortalecer las unidades antiextorsión locales; aplicar protocolos especializados de atención a víctimas; capacitar a los operadores de la línea 089 en manejo de crisis y negociación, e implementar una campaña nacional de prevención.
Indicó que a esto se suman acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para cancelar cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos de extorsión, la cancelación de líneas telefónicas vinculadas con este delito, así como operativos en centros penitenciarios en coordinación con la Guardia Nacional y el Sistema Penitenciario Federal. Este esquema integral de cinco ejes sumó la captura de 2,000 extorsionadores en 29 estados entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de este año 2026.

Coordinación diaria y ejes de acción
El titular de la SSPC destacó que el pilar diferenciador del modelo actual es que “se conduce todos los días por la propia presidenta de México”. Detalló que “cada mañana la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la reunión del Gabinete de Seguridad”, donde “se revisa la incidencia delictiva, se analizan operaciones, investigaciones y se toman decisiones para atender las regiones y los delitos que requieren mayor atención”. Sostuvo que “esta conducción diaria permite que la información circule con mayor rapidez, que las instituciones actuemos como un solo equipo y que cada decisión tenga seguimiento hasta convertirse en una acción operativa o en una investigación judicializada o en despliegues operativos para prevenir delitos”.
Los resultados derivan de la labor conjunta con Sedena, Semar, FGR, Segob, CNI, Guardia Nacional y gobiernos locales —considerando que “el 90 por ciento de los delitos corresponden al fuero común”— bajo cuatro ejes rectores:
- Atención a las causas de la violencia
- Consolidación de la Guardia Nacional en la Sedena
- Fortalecimiento de la inteligencia e investigación
- Coordinación interinstitucional federal y estatal
Finalmente, García Harfuch enfatizó que “los avances alcanzados no deben interpretarse como una tarea concluida ni dar lugar a triunfalismos”, por lo que instó a “redoblar esfuerzos para seguir disminuyendo los índices delictivos”.
Foto: Presidencia
