Cinco empresas acapararon el mercado de materiales electorales a través de 106 contratos millonarios. Ante los hallazgos del OIC y la ASF, morenistas piden sancionar prácticas monopólicas e indagar responsabilidades administrativas y penales
México; 01 de noviembre 2026.— Integrantes del grupo parlamentario de Morena advirtieron que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) debe investigar la red de corrupción detectada en el Instituto Nacional Electoral (INE) conformada por diversas empresas que se coludieron para desplazar a la competencia y acaparar contratos millonarios, para que, según sus facultades, se apliquen sanciones que van desde multas, inhabilitaciones o procesos penales contra los directivos involucrados.
Al fijar postura sobre el tema, el presidente de la Comisión de Economía en el Senado, Emmanuel Reyes Carmona, y la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, señalaron que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE no dejan duda y aportan pruebas contundentes de hechos constitutivos de delito que ameritan la pronta intervención de dicha Comisión.
Sobre el marco regulatorio, Reyes Carmona recordó que la reforma aprobada en julio de 2025 —mediante la cual nació la Comisión Nacional Antimonopolio en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica— otorgó mayores facultades, es decir, “más dientes”, al organismo para castigar las prácticas monopólicas.
El legislador detalló que la normativa actual faculta a la CNA para inhabilitar de manera directa, y hasta por un periodo de cinco años “a quienes se coluden en licitaciones”, y le permite interponer denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), al margen de las sanciones estipuladas en otros ordenamientos legalmente aplicables.
Por su parte, Dolores Padierna calificó como “muy grave” lo revelado en San Lázaro por el titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente. Precisó que, entre 2014 y 2025, un grupo de cinco empresas interrelacionadas —vinculadas a los hermanos Hernández Casillas— acaparó el 77 por ciento del mercado de materiales electorales tanto para el INE como para 20 organismos locales, echando mano de esquemas de simulación de competencia.
En este sentido, la congresista puntualizó que dicho esquema abarcó un total de 106 contrataciones por una cifra acumulada de 2 mil 461 millones de pesos. Frente a montos tan altos en desvío de recursos, procede la destitución o inhabilitación de servidores públicos que además están obligados a reparar el daño y se les fincarían responsabilidades administrativas y penales, también para los particulares involucrados.
Derivado de estos hallazgos, la legisladora enfatizó que esto obliga a investigar cómo se gastaron los recursos electorales durante más de una década, no únicamente revisar los contratos recientes, sino además ver cómo surgió esta red de “coyotaje electoral”, quiénes los permitieron, qué funcionarios participaron y qué controles no se lograró implementar para impedir la corrupción detectada.
Añadiendo a lo anterior, el senador Reyes Carmona puntualizó que, de acreditarse la responsabilidad de las empresas, la Ley Federal de Competencia Económica contempla sanciones importantes que dependerán de cómo califique la CNA esa conducta. Advirtió que “si se trata de una práctica monopólica absoluta, la multa puede llegar a 15 por ciento de los ingresos de la empresa, con independencia de las responsabilidades civil y penal en las que incurran”.
Por otro lado, la senadora del PRI, Claudia Anaya, sostuvo que las pesquisas por parte de la CNA y la ASF deben focalizarse directamente en la gestión de Guadalupe Taddei, a quien acusó de otorgar contratos millonarios a las firmas de Alfredo Hernández Casillas e influir en la designación de perfiles afines dentro de áreas clave del órgano electoral.
Finalmente, la priista afirmó que deben deslindarse responsabilidades penales sobre ambos actores, incluyendo también al actual titular del OIC, quien, a su parecer, dejó pasar las irregularidades y que la propia ASF mantiene investigaciones en curso sobre este funcionario, “lo que demuestra que no le tienen confianza”, dijo.
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