Hasta cinco años de prisión y multas de 10 mil UMA (1 millón 173 mil 100 pesos) por el uso malintencionado de logotipos, dominios o documentos oficiales para cometer fraudes
Una vez publicadas en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas al Código Penal Federal (CPF) y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, entraron en vigor este sábado 14 de noviembre para blindar los derechos de autor, combatir la piratería comercial y sancionar la suplantación institucional.
Conocida popularmente por la oposición como “ley antimemes”, la normativa sanciona con hasta cinco años de prisión y una multa de 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) el uso malintencionado de logotipos o imágenes gubernamentales con fines de engaño o fraude informático.
El nuevo artículo 403 bis del CPF castiga a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.
Durante el debate legislativo, este punto generó fuerte controversia ya que establece sanciones de hasta cinco años de prisión y multa que en la actualidad equivale a 1 millón 173 mil 100 pesos, para quien haga uso de logotipos e imágenes de dependencias de los tres órganos de gobierno, así como documentos oficiales “para inducir al error” y cometer fraudes u otro tipo de ilícitos. Sin embargo, la exposición de motivos de la iniciativa presidencial aclaró que el objetivo no es restringir la libertad de expresión, la sátira o los memes, sino frenar el uso ilícito de elementos oficiales.
Multas severas contra la piratería
El decreto también endurece los castigos contra la piratería comercial, imponiendo penas de cuatro a 10 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días de multa a quienesproduzcan, reproduzcan, importen, exporten, almacenen, transporten, distribuyan, vendan o renten a escala comercial obras, música, películas o libros sin autorización.
En este caso, el texto detalla que: “si la venta o la oferta en venta, a escala comercial, se realiza en establecimientos comerciales, locales fijos, puestos temporales o semifijos, de forma física o empleando medios electrónicos; o si dicha actividad se ejecuta de manera organizada, sistemática o reiterada, se impondrá la pena de cuatro a 10 años de prisión y de dos mil a veinte mil días multa”.
De igual forma, “se impondrá prisión de cuatro a 10 años y de 2 mil a 20 mil días multa, a quien divulgue, publique, comunique o distribuya, sin la autorización de la persona titular del derecho de autor o derecho conexo, obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, con anterioridad a su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional”.
Finalmente, el marco legal establece “prisión de tres a siete años y de mil a 10 mil días multa, al que explote una interpretación o una ejecución, sin derecho y a escala comercial”.
Foto: IMPI