Frente a las medidas de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra presuntos vinculados al Primer Comando de la Capital, Lima e Silva destacó resultados locales que producen pérdidas billonarias a la delincuencia
Brasilia, Brasil; 01 de julio 2026.— Wellington César Lima e Silva, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, se refirió este miércoles a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos ciudadanos brasileños y varias empresas bajo el argumento de que mantienen un presunto vínculo con el Primer Comando de la Capital (PCC), al afirmar que la soberanía de su país “debe ser respetada”.
Sostuvo que dichas medidas tendrán efecto únicamente en territorio estadounidense y no comprometen la cooperación entre ambos países; “todas las naciones deben profundizar sus mecanismos de combate al crimen organizado, siempre que se respete la soberanía”, declaró durante la inauguración de una oficina federal contra las facciones criminales en la ciudad de Sao Paolo. Añadió que Brasil continuará fortaleciendo sus propias herramientas para enfrentar a las organizaciones delictivas.
OFAC sanciona bajo argumento de terrorismo
Sus declaraciones surgieron pocas horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra dos brasileños, tres empresas con sede en Brasil y una firma portuguesa, por supuestos vínculos con el PCC. Es la primera medida financiera luego de que la administración de Donald Trump designara a la organización en junio como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization – FTO).
Presuntamente los sancionados conforman una red internacional de lavado de dinero que opera para el PCC y habrían blanqueado más de 30 millones de dólares mediante criptomonedas y otras operaciones financieras, para transferir fondos desde Estados Unidos hacia Brasil.
En el mismo acto, el Gobierno brasileño informó que el programa Brasil Contra el Crimen Organizado desde su lanzamiento ha logrado pérdidas estimadas en tres billones de reales (unos 545 millones de dólares) a las organizaciones criminales; la iniciativa presentada en mayo con una inversión de 11 billones de reales (cerca de 2 mil millones de dólares), refuerza el combate contra las facciones criminales y asfixia sus estructuras financieras.
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