El Gobierno federal afirmó que el CED ignoró reformas estructurales aprobadas desde 2018 y basó su evaluación en hechos del periodo 2009–2017, correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
México; 02 de abril 2026.— El Gobierno de México rechaza la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al señalar que el informe es “tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”.
En un comunicado conjunto del Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación explicó que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos donde las desapariciones forzadas son cometidas “de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado” y en que las autoridades se niegan a cooperar, dicho marco —indicó— “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.
Toman de referente periodos de Calderón y Peña
El Gobierno destacó que el informe del Comité se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, periodos de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a cuatro entidades del país, por lo que consideró que la resolución es “parcial y sesgada” ya que “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
En su propio dictamen, el Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión, que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”, punto que el Gobierno señaló como reflejo de la situación actual, distinta a administraciones anteriores.
Cuestina falta de rigor jurídico y ligereza de premisas
La postura oficial también cuestionó “la falta de rigor jurídico” del CED y “la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
El Ejecutivo reiteró que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y resaltó que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo. Detalla que “fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley”.
Enumera Gobierno de México avances innegables
Asimismo, enumeró las herramientas y obligaciones incorporadas que el CED no consideró debidamente:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- Coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Alto Comisionado de la ONU reconoce cooperación de México
Agrega que, como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias, además de que “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.
Finalmetne la postura oficial reafirmó el compromiso absoluto del Gobierno que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”.
Foto: HD – Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez