La trasnacional admitió que “como se reveló al final del segundo trimestre de 2025, Camino Rojo identificó pruebas de posible actividad criminal en la mina”
México; 06 de mayo 2026.— Tras las acusaciones de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para coaccionar a trabajadores de la mina Camino Rojo situada cerca de San Tiburcio, Mazapil, Zacatecas, la compañía canadiense Orla Mining anunció “medidas concretas para salvaguardar los derechos laborales y abordar otras preocupaciones”, como la remoción del director general en la mina, Rafael Sánchez. Esta es una de las medidas para resarcir los daños, luego de que la empresa fuera acusada por el panel de mecanismo de resolución rápida de de controversias del T-MEC por haberse asociado desde el 2024 con el Cártel de Sinaloa.
Desde Canadá, Jason Simpson, titular de la compañía, fijó la postura institucional ante las quejas que también en México ha exhibido Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato de Mineros: “estamos comprometidos a promover la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y a respetar plenamente sus derechos laborales”. El directivo enfatizó la importancia de la reestructuración al afirmar: “reconocemos la gravedad de las conclusiones del panel y estamos tomando medidas para fortalecer las operaciones de Camino Rojo”.
Orla Mining admite irregularidades
La resolución emitida en marzo pasado confirmó que en la unidad de Mazapil “se habían denegado derechos relacionados con la libertad de asociación y la negociación colectiva”. Por ello, la empresa aseguró que ahora colabora “constructivamente” con el gobierno mexicano para garantizar el “cumplimiento continuo, estabilidad operativa, seguridad de los trabajadores y respeto a sus derechos”.
Como eje del plan correctivo, la minera implementará la “neutralidad en asuntos sindicales” para evitar nuevas injerencias. La organización subrayó que “está tomando medidas para garantizar que este compromiso se entienda y se aplique de forma coherente en todas sus operaciones“, buscando recuperar la confianza de las autoridades y empleados.
Finalmente, la trasnacional admitió que “como se reveló al final del segundo trimestre de 2025, Camino Rojo identificó pruebas de posible actividad criminal en la mina y contrató a un abogado externo para realizar una revisión exhaustiva, que ahora está prácticamente completada”. Informó que los resultados de revisión fueron enviados a la Oficina del Fiscal General en México, a la Real Policía Montada de Canadá y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de la cooperación con las autoridades.
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