Tras sepultar la posibilidad de futuros intercambios de prisioneros, Israel faculta a sus tribunales militares para dictar la pena de muerte contra palestinos, desafiando el rechazo de agrupaciones jurídicas globales
Tel Aviv, Israel; 17 de mayo 2026.— Los procedimientos para ejecutar a palestinos condenados por homicidio en Cisjordania ocupada iniciaron oficialmente por parte del gobierno israelí. Los ministros Israel Katz, de Defensa e Itamar Ben-Gvir, de Seguridad Nacional, confirmaron la puesta el marcha luego de que el titular del Comando Central del ejército de ocupación israelí, Avi Bluth, firmara una enmienda a una orden militar especial.
Debido a que este territorio opera bajo un régimen militar y no bajo legislación civil directa, la validación previa de la Knesset era insuficiente, detalla en su reporte la agencia Wafa. Por esta razón, las autoridades modificaron la denominada “Orden de Instrucciones de Seguridad” para facultar a las cortes militares a dictar sentencias de muerte por motivos de seguridad.
Mediante un pronunciamiento conjunto, el titular de Defensa, Israel Katz, sentenció de forma estricta que “la era de la contención terminó”, afirmando que quienes le quiten la vida a los israelíes “no esperarán acuerdos de intercambio ni soñarán con ser liberados”, endureciendo la política de reclusión y al mismo tiempo la aniquilación de palestinos sin garantías de tener un proceso judicial justo y apegado a derecho.
Reforzando esta postura compartida con el Primer Ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional (CPI), Benjamin Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, celebró el cumplimiento de los compromisos de campaña de su actual administración y que bajo el nuevo esquema “deben saber que su destino será la pena de muerte”, insistió.
Advertencias internacionales y comunitarias
Defensores de derechos humanos y agrupaciones jurídicas internacionales alertaron del peligroso incremento de poder judicial que ahora ostentan las fuerzas de ocupación sobre la población palestina radicada en Cisjordania ocupada. La polémica reforma penal, ratificada por la Knesset el pasado 30 de marzo, agrava drásticamente las críticas externas por el uso de la pena capital en zonas ocupadas por Israel como parte de su avance expansionista.
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