La iniciativa de reforma instauraría la “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas” para que desde 2027, mediante datos de la CNI, FGR, UIF y otras instancias, los partidos descarten perfiles vinculados al crimen organizado
México; 21 de mayo 2026.— Una iniciativa presidencial de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue anunciada este jueves por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de blindar los comicios al establecer mecanismos de revisión sobre los perfiles aspirantes y “detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada”.
En el marco de la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó el proyecto que pretende dar herramientas preventivas a las fuerzas políticas de cara al proceso electoral federal de 2027 y que será enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para iniciar su discusión en las cámaras.
Coordinación con el Gabinete de Seguridad federal
El eje central del documento contempla estructurar una nueva “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, cuerpo colegiado que operaría en el seno del Instituto Nacional Electoral (INE) y cuyas funciones se coordinarán con dependencias del gabinete de seguridad federal. Será requisito obligatorio que los aspirantes firmen ante el partido político su confirmidad con ser evaluados, independientemente de que el partido decida o no someterlo a consulta ante la Comisión.
Cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años, serán los encargados de conducir este órgano de control que fungirá como enlace entre los institutos políticos que decidan participar voluntariamente, y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Alcalde Luján detalló que la participación en este mecanismo será de carácter voluntario para los partidos políticos que opten por corroborar la idoneidad de sus cuadros antes de realizar los registros oficiales de candidaturas.
El cruce de datos, como nombres e información reservada, involucrará a instituciones clave del Estado mexicano, tales como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consultas ministeriales y financieras, que se ejecutarán estrictamente para identificar si sobre algún aspirante recae un “riesgo razonable” de nexos con la delincuencia organizada.
Partidos decidirán registrar o no la candidatura
Ante el rechazo legislativo del ‘Plan A’ de reforma electoral que, entre otros aspectos, proponía mecanismos para evitar la infilitración de intereses del crimen organizado en las elecciones, a través de esta iniciativa el gobierno de la Presidenta Sheinbaum busca dotar a las agrupaciones políticas de insumos formales con certeza jurídica antes de la selección definitiva de perfiles.
“El objetivo es que los partidos cuenten con información suficiente para tomar decisiones sobre las candidaturas que postularán a partir de las elecciones de 2027”, siendo los partidos polítcos responsables de registrar o no dichas candidaturas.
Foto: Presidencia