La minuta requiere el aval de 17 congresos locales; fue calificada como una definición histórica del Estado mexicano frente a una realidad actual mundial que ya alcanzó a todas las democracias
México; 29 de mayo 2026.— Durante la madrugada de este viernes, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece la intervención o injerencia extranjera como causal de nulidad en comicios federales y estatales. Con una votación de 85 votos a favor de Morena y aliados frente a 42 de la oposición, la minuta fue enviada a las legislaturas locales.
Para su validez, el dictamen requiere el aval de 17 congresos locales, aunque no impactará en los comicios de 2027 debido al retiro de la legislación secundaria por parte del creador de la iniciativa, Ricardo Monreal, para realizar las adecuaciones pertinentes.
El dictamen destaca que las causales actuales fueron diseñadas para proteger la equidad de la contienda frente a conductas internas, principalmente vinculadas con gasto, cobertura mediática y uso indebido de recursos, pero visibiliza las nuevas modalidades de intervención o injerencia extranjera que pueden operar con mecanismos como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques o las campañas coordinadas de desinformación.
Desde la bancada opositora del PRI, la legisladora Carolina Viggiano, criticó la propuesta aprobada argumentando que Morena podría utilizar este marco de forma estratégica en el futuro, por lo que “no es inofensiva” ya que puede usarse para sembrar la duda y no reconocer derrotas electorales.
Garantizar que en México manda el pueblo
En contraste, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, defendió la legitimidad soberana de la iniciativa ya que blinda los procesos democráticos de influencias financieras e ideológicas del exterior: “tiene un propósito superior, profundamente democrático y patriótico, porque se trata de garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo, sin presiones, sin dinero extranjero, sin campañas de manipulación, sin intereses externos disfrazados de asociación civil, de opinión pública o de supuesta democracia”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, descartó que la medida pueda aplicarse de forma arbitraria. Puntualizó que la anulación requerirá pruebas contundentes que demuestren tanto la gravedad como la mala fe; de manera que no es automática ni discrecional, y por eso para que proceda deberá acreditarse objetivamente que existen actos de intervención o injerencia extranjera, así como la gravedad y el dolo de estas prácticas.
En el bloque opositor, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, admitió la existencia de riesgos reales de injerencia extranjera en comicios y existen países que han vivido la desinformación transfronteriza, pero señaló la inviabilidad técnica de la redacción, que a su parecer: “abre la puerta a cualquier cosa, sin sujeto, sin intención, con un estándar de prueba que ninguna autoridad puede cumplir de manera objetiva y con un destinatario de la sanción que, en la mayoría de los casos, sería imposible identificar”.
Asimismo, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, criticó la falta de tiempos de adecuación para los estados y “por si fuera poco, se pone en riesgo la libertad de expresión de organismos internacionales”, dijo como justificación a su postura; “es sumamente ambigua y sujeta a una interpretación peligrosamente discrecional”.
Una definición histórica
En la réplica, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, sostuvo que la modificación responde a una evolución necesaria del marco legal global. La congresista definió el cambio como un posicionamiento de Estado: “no se trata de un ajuste técnico ni de una modificación menor al sistema electoral, sino de una definición histórica del Estado mexicano frente a una realidad mundial que ya alcanzó a todas las democracias”.
A su vez, el morenista Juan Carlos Loera de la Rosa rememoró antecedentes históricos de financiamiento extranjero ilegal en el país, como los casos Odebrecht y Amigos de Fox, con sobornos inyectados a la campaña de Enrique Peña Nieto y a presidentes de otras naciones latinoamericanas. Para el legislador, la enmienda es indispensable debido a la larga historia de injerencia electiral estadounidense en México y la reforma “protege la soberanía nacional”.
Loera de la Rosa además aludió a la injerencia de Donald Trump a través del presidente de Argentina, Javier Milei, con un ‘préstamo’ de 20 mil millones de dólares con el propósito de que el derechista pueda gobernar cómodamente en su último período.
Finalmente, su compañera de bancada, Cynthia López Castro, respaldó el proyecto argumentando que México simplemente ajusta su legislación como la de otras potencias internacionales, como Estados Unidos, donde hay leyes contra la injerencia extranjera y que “aunque a algunos no les guste, defenderemos la soberanía nacional con esta reforma a la Constitución Política, para que quienes decidan en México sean las y los mexicanos”, concluyó.
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